El régimen cubano publicó el Decreto-Ley 113 “Sobre las Transacciones en Divisas en la Economía Nacional”, que entró en vigor el 17 de diciembre de 2025 y autoriza transacciones internas en moneda extranjera, incluyendo el dólar estadounidense y el euro, dentro de un marco legal temporal para gestionar y controlar las divisas en la economía nacional. Esta medida fue presentada oficialmente como un paso transitorio mientras se trabaja hacia un retorno a transacciones completamente en pesos cubanos, la moneda oficial del país.
Las autoridades recalcaron en programas oficialistas que no se renuncia al objetivo estratégico de desdolarizar totalmente la economía, aunque la decisión ha generado dudas.
La medida ha suscitado críticas de parte de sectores que consideran que formalizar la circulación de dólares profundiza distorsiones económicas y desigualdades, al beneficiar a quienes tienen acceso a divisas -por remesas u otras fuentes- frente a la mayoría que depende exclusivamente del peso cubano. A la par, el gobierno defiende que este marco legal permitirá un mayor control y redistribución de las divisas, aunque muchos ven en esta estrategia una respuesta a las persistentes dificultades económicas de la isla.
Análisis legal
Las autoridades cubanas acaban de oficializar lo que ya era una realidad en las calles: la dolarización parcial de la economía. Mediante el Decreto-ley No. 113 y varias resoluciones complementarias, se ha diseñado un sistema para captar divisas extranjeras con la promesa de que se trata de una medida temporal. Sin embargo, detrás de tecnicismos económicos se esconde un mecanismo que profundiza la desigualdad y vulnera los derechos humanos de la población, en particular los económicos, sociales y culturales.
Como hemos señalado antes desde Cubalex, el Estado cubano emplea el control de la migración, el mercado cambiario y el acceso a las divisas como una forma de control social. Esta dependencia externa funciona como una política permanente que sustituye la inversión productiva por la extracción de recursos desde la diáspora y el sector privado de la economía.
El derecho a un salario digno vs. la “moneda de segunda clase”
Las normativas recientes son claras y exponen un fenómeno que ocurre desde hace varios años. Mientras las empresas estatales y ciertos negocios privados podrán cobrar en dólares y euros para importar o exportar los productos que emplean para su funcionamiento, los ciudadanos seguirán recibiendo su salario y pensiones en una moneda, el peso cubano (CUP), cada vez más devaluado. Al mismo tiempo, el Estado no dispone de un mercado cambiario funcional y solo en el informal se accede a dólares, los cuales se venden a más de 400 CUP.
El reconocimiento formal de la dolarización se inserta en un panorama social complejo. La economía cubana decreció más de un 4 % al cierre del tercer trimestre de 2025, la inflación se mantiene elevada, la economía está paralizada, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos de la canasta básica y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población, según información oficial reciente. Por su parte, la pobreza afecta a casi el 90 % de las personas.
En paralelo, el Estado no autoriza el pago de salarios en divisas a los trabajadores. Así, aumenta más la desigualdad social y se expone el desinterés de las autoridades por resolver los problemas fundamentales de la población. Por un lado, solo una minoría de las personas cuenta con acceso a divisas extranjeras, la mayor parte de ellas residentes en zonas urbanas y vinculadas con las MiPymes. Por otro lado, existe una amplia mayoría cuya capacidad de compra se desploma, lo cual las hace más pobres, violando el derecho a una remuneración que asegure una existencia digna y el acceso a bienes esenciales. Esto afecta a las personas, especialmente a las mujeres, que residen en zonas rurales, así como a los afrodescendientes.
Control estatal: la trampa de las cuentas bancarias
Según lo establecido en el Decreto-ley No. 113 y su legislación complementaria, si un negocio no autorizado recibe dólares, por ejemplo, de un turista, estos deben depositarse obligatoriamente en el banco para ser convertidos a pesos a la tasa oficial. Ello implica el control de las divisas del sector privado por el Estado:
- Retención de divisas: para las empresas privadas y trabajadores por cuenta propia, el Estado se quedará obligatoriamente con el 20% de lo que generen por exportaciones, entregándoles a cambio los pesos cubanos.
- Centralización del dinero: el nuevo mecanismo permite que el Estado decida discrecionalmente quién tiene permiso para comprar divisas y quién no.
Esta intervención estatal no busca transparencia, sino el control total sobre la riqueza generada por los ciudadanos, limitando la libertad de empresa y el derecho a la propiedad. Además, se inserta en un contexto donde el Estado quiere controlar toda la divisa posible para mantener sus inversiones en el sector turístico, mientras se descuida la prestación de servicios sociales como educación y salud, así como el desarrollo de la agricultura o la industria alimentaria. Solo en 2024, el Gobierno cubano invirtió 14 veces más en turismo que en agricultura, un sector fundamental para asegurar el derecho a la alimentación.
Discriminación y brecha social
El acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud se condiciona por la moneda que poseen las personas. Al legalizar que ciertos suministradores nacionales cobren en divisas, los alimentos y otros productos de higiene personal y del hogar terminan en poder de comercios a los que solo acceden quienes reciben remesas desde el exterior o son capaces de comprar dólares u otras monedas en el mercado negro. Esto se complementa con la existencia de una red de tiendas estatales que solo opera con dólares y otras divisas, y en las que se venden productos de primera necesidad para la preservación de la salud.
Paralelamente, la población cubana padece epidemias de chikungunya y dengue. Las cifras oficiales cuentan más de 44 600 contagios del primero y alrededor de 26 000 del segundo. El Gobierno cubano reconoció 47 muertes: 30 por chikungunya y 17 por dengue. La mayoría de los fallecidos fueron menores de edad. Además, circulan virus respiratorios. Las autoridades reconocen que sus estadísticas son un subregistro, pues muchas personas no acuden a los centros médicos por el deterioro de sus servicios y la escasez de recursos para el diagnóstico y la asistencia.
Mientras esto ocurre, el Estado justifica la dolarización como otro experimento, pero en la práctica es una confesión de que el peso cubano no cumple sus funciones. La supuesta temporalidad de esta medida genera inseguridad jurídica que impide cualquier planificación de la vida a corto, mediano y largo plazos para las familias cubanas. Otras medidas denominadas temporales por las autoridades, como la expansión de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) a partir del 2020 y en plena pandemia de COVID-19, demostraron ser permanentes y se complementaron con las que operan en dólares.
Conclusión: ¿disciplina económica o asfixia ciudadana?
Desde Cubalex, advertimos que el Decreto-ley No. 113 y sus resoluciones complementarias no son meros ajustes financieros. Son medidas políticas y jurídicas que:
- Acrecientan e institucionalizan la desigualdad: mientras los salarios se pagan en una moneda sin valor real, el Estado comercializa productos de primera necesidad, como los alimentos, en dólares y otras divisas extranjeras.
- Violan los principios de igualdad y no discriminación: el acceso a bienes básicos se convierte en un privilegio para quienes disponen de dólares.
- Aumentan el control sobre los recursos de la población: mediante el control bancario, el Estado cubano pretende disponer libremente de los dólares y otras divisas en poder del sector privado de la economía.
- Violan los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, en particular los más pobres: la dolarización de la economía les impide, particularmente a niños, ancianos, mujeres y personas residentes en zonas rurales y afrodescendientes, entre otros sectores sociales, la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular a la alimentación, la salud y el acceso a salarios y pensiones dignas.