La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, realizó una visita oficial a Cuba en noviembre de 2025 y, al final de su viaje, emitió declaraciones relacionadas con el embargo estadounidense en vigor y su impacto.
A continuación, Cubalex expone sus consideraciones, con el propósito de ofrecer información basada en evidencias, verificable y contextual sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a Cuba y su interacción con políticas, normativas y prácticas internas que inciden en el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Aunque la organización reconoce que este conjunto de medidas refuerzan el aislamiento financiero del Estado cubano y limita su acceso a los sistemas de pago internacionales, también destaca las excepciones humanitarias del embargo y el flujo comercial entre EE. UU. y Cuba en los últimos diez años.
Otras excepciones incluyen la autorización de remesas familiares, donaciones humanitarias y operaciones relacionadas con las telecomunicaciones, así como la provisión de servicios e insumos al sector privado bajo la licencia “Apoyo al Pueblo Cubano”, creada por el Departamento del Tesoro durante el deshielo diplomático de 2014–2016. También están permitidas, bajo regulación, las exportaciones de tecnologías de la información y equipos que fomenten la conectividad y la comunicación, siempre que no involucren inversiones directas en infraestructura estatal.
A pesar de estas flexibilidades, el gobierno cubano ha mantenido una política restrictiva en materia de telecomunicaciones, considerada un sector de seguridad nacional. Aunque la normativa estadounidense permite la exportación e incluso la inversión de empresas tecnológicas en este ámbito, el Estado cubano ha optado por mantener acuerdos principalmente con proveedores chinos, como Huawei y ZTE, y ha rechazado proyectos de
conectividad impulsados por empresas estadounidenses —entre ellos, una propuesta de Google para mejorar el acceso a internet en la isla—.
Gobierno cubano instrumentaliza efectos del embargo para reforzar su discurso de ‘país bloqueado’
El gobierno cubano, por su parte, ha tendido a instrumentalizar las restricciones del embargo para sostener el discurso de un “bloqueo generalizado”, atribuyéndole un alcance que excede su impacto real. Esta narrativa se utiliza con frecuencia incluso en sectores donde existen alternativas viables de abastecimiento, como el de los medicamentos genéricos o los productos manufacturados procedentes de países con los que Cuba mantiene relaciones activas.
En este sentido, el embargo funciona no sólo como un régimen de sanciones económicas, sino también como un elemento simbólico dentro del discurso político interno.
Cabe destacar que las causas del estancamiento son internas: centralización estatal, falta de transparencia y bloqueo normativo interno, que impiden transformar la ayuda en inversión sostenible y consolidan la dependencia estructural del país.
Para Cubalex, desde una perspectiva analítica, el embargo económico estadounidense no constituye un régimen monolítico de prohibiciones absolutas, sino un sistema normativo con excepciones específicas y márgenes de maniobra que, bajo determinadas condiciones, permiten un grado limitado de interacción comercial y humanitaria.
Restricciones internas y su incidencia en el ejercicio de los derechos económicos y sociales
Si mañana Estados Unidos eliminara el embargo, la crisis interna de Cuba no se resolvería automáticamente. La reiteración de esta idea es intencional: busca subrayar que, aun si se satisficiera la principal exigencia política del gobierno cubano, las causas estructurales de la crisis económica y humanitaria persistirían, pues se originan en el propio modelo interno de control político y económico.
Aunque el levantamiento del embargo podría reducir costos financieros, facilitar créditos o mejorar el acceso a tecnología, las principales limitaciones son a nivel interno. El Estado mantiene un régimen concesional donde toda actividad privada depende de licencias revocables, topes de contratación, autorización política y control bancario estatal. Ninguna de estas restricciones proviene del embargo.
Tampoco hay garantías de que el eventual alivio económico se traduzca necesariamente en beneficios sociales amplios; su impacto dependería de la orientación interna de las políticas públicas, lo cual resulta incierto por la ausencia de reformas estructurales.
Las condiciones legales y administrativas actuales no aseguran que un levantamiento de las sanciones externas se traduzca automáticamente en bienestar social o desarrollo equitativo.
Conclusiones
Aunque el embargo de Estados Unidos crea un entorno restrictivo que limita el acceso a financiamiento y tecnología, los principales obstáculos para que la población pueda ejercer sus derechos económicos y sociales provienen de decisiones internas del propio Estado cubano. Estas normas y prácticas administrativas dificultan la resiliencia económica y social dentro del país.
El llamado “bloqueo interno” —restricciones a la propiedad, a la autonomía económica y a la participación de actores no estatales— mantiene condiciones de dependencia y precariedad. Esto impide que Cuba aproveche incluso las excepciones humanitarias y comerciales que ya existen dentro de la propia normativa del embargo estadounidense.
La combinación entre sanciones externas y controles internos ha producido efectos acumulativos que afectan la seguridad alimentaria, el acceso asequible a servicios básicos, la cooperación internacional y la posibilidad de que las personas participen plenamente en la economía y en la vida social. A esto se suma que la dolarización de servicios esenciales, como las telecomunicaciones, aumenta la desigualdad: condiciona el acceso a derechos fundamentales al envío de remesas y perjudica especialmente a los hogares que no tienen familiares en el exterior.
Además, se señala que el Estado ha convertido la migración y las remesas en una forma de estabilización fiscal y control social. Esta dependencia externa funciona como una política permanente que sustituye la inversión productiva por la extracción de recursos desde la diáspora.
En cuanto a las recomendaciones para la Relatora Especial, Cubalex propone un enfoque metodológico basado en observaciones directas y revisión documental —como licencias, decretos y resoluciones—, considerando que existe autocensura y riesgo de represalias en el país. También se sugiere formular preguntas cerradas y verificables centradas en hechos y procedimientos, y solicitar acceso a expedientes administrativos o registros públicos que permitan comprobar cómo se aplican realmente las normas vinculadas a excepciones y cooperación.
*Cubalex envió el 7 de noviembre de 2025 un documento detallado con estas consideraciones a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan.