El prisionero político del 11J Adán Kiubel Castillo Echavarría, de 22 años, fue revocado el 21 de noviembre anterior por no querer trabajar en un puesto laboral del régimen. Cabe destacar que el joven había sido excarcelado en enero de 2025 y se encontraba bajo libertad condicional.
Según la información recopilada por Cubalex, lo detuvieron y actualmente se encuentra en la prisión de Valle Grande, en la capital cubana. A más de tres semanas de la revocación, su familia solo lo ha visto una vez y no tiene mayores detalles de su situación física y emocional. Las autoridades no le han permitido visitas por el momento.
Inicialmente fue llevado a la estación policial del Capri, en La Habana, donde agentes policiales indicaron que podría recibir una multa por presuntas infracciones, información que modificaron en varias ocasiones durante los días siguientes. Durante el fin de semana, oficiales le comunicaron repetidamente que sería sancionado con una multa de 7.000 pesos.
El lunes 24 de noviembre, cuando la familia acudió a la unidad policial para conocer los detalles de la supuesta multa, se le informó que ya no se trataba de una sanción administrativa, sino de una medida de prisión preventiva, y que Adán Kiubel sería trasladado al centro conocido como “El Vivac”. Durante el proceso, intentó ejercer su derecho a realizar una llamada telefónica, pero en varios momentos se le negó.
Posteriormente, las autoridades lo trasladaron al penal de Valle Grande, según el aviso que logró enviar a través de otra persona debido a la brevedad de las comunicaciones permitidas. La familia pudo verlo brevemente al inicio de la semana siguiente, pero desde el 1ro de diciembre no han podido visitarlo y solo hay comunicación vía telefónica.
Análisis legal: revocaciones de presos políticos cubanos tras negociaciones de enero
En enero de 2025, el régimen cubano inició un proceso de excarcelaciones de personas privadas de libertad en el contexto de negociaciones con el Vaticano y Estados Unidos. Según organizaciones de la sociedad civil, de las 553 personas excarceladas, solo alrededor de 200 correspondieron a presos políticos, mientras que el resto fueron reclusos comunes.
Sin embargo, el Estado evitó reconocer los acuerdos que motivaron estas excarcelaciones y se trató de un proceso marcado por la falta de transparencia, la ausencia de garantías, la inexistencia de un sistema de reparación integral para las víctimas y la negativa a reconocer la responsabilidad estatal, entre otras omisiones graves denunciadas a inicio de año por Cubalex.
Hasta la actualidad, la organización registra que al menos seis presos políticos, incluido Castillo Echavarría, excarcelados en dicho contexto, fueron sido devueltos a las cárceles.
El equipo legal de Cubalex señala que las excarcelaciones anticipadas otorgadas a varios presos políticos no respondieron a garantías jurídicas ni a estándares de derechos humanos, sino a acuerdos políticos entre Cuba, Estados Unidos y el Vaticano. Según el análisis, esos acuerdos tenían motivaciones esencialmente políticas y funcionaron como una “moneda de cambio” para obtener beneficios diplomáticos. Al romperse estos acuerdos —por ejemplo, el regreso de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo y el fallecimiento del Papa que participó en la negociación— el régimen ha dejado de respetar las condiciones bajo las cuales fueron liberados.
Subrayan igualmente que quienes están siendo revocados tienen perfiles altamente visibles: son activistas con impacto en redes sociales, respaldados por organizaciones internacionales y que han mantenido una postura crítica tras su excarcelación. Además, se han negado a colaborar con la Seguridad del Estado y continúan ejerciendo derechos fundamentales como la libertad de expresión y la denuncia pública. Esa combinación de visibilidad, resistencia y continuidad en su activismo los convierte en blancos de represalias mediante revocaciones arbitrarias de su libertad condicional o licencias extrapenales.
Desde el punto de vista legal, se identifican patrones graves: falta de transparencia, violaciones sistemáticas al debido proceso y ausencia de garantías mínimas. Señalan que el Estado, en la mayoría de los casos, no notifica a los afectados el auto de revocación, documento indispensable para conocer las supuestas razones legales, ejercer el derecho a la defensa e impugnar la decisión.
Para Cubalex, las revocaciones carecen de fundamento legal conocido, se ejecutan sin notificaciones ni respeto a los derechos de defensa, y responden a un patrón de represalia política contra presos con alto perfil de oposición y activismo posterior a su excarcelación.