Marcia Natacha Parra Taupier enfrenta hostigamiento, amenazas y posible sanción por denunciar la corrupción y los abusos de la Dirección Municipal de la Vivienda en Playa, La Habana. Foto: Marcia Parra/Facebook.
Desde hace meses, Marcia Natacha Parra Taupier denuncia en redes sociales la corrupción y el abuso de poder de las autoridades de la Dirección Municipal de la Vivienda en Playa, La Habana, a las que responsabiliza por intentar desalojarla por la fuerza. Como consecuencia, enfrenta hostigamiento, amenazas y riesgo de ser sancionada por un tribunal.
Actualización del caso
El 29 de octubre, dos instructores llegaron a su vivienda sin identificarse ni mostrar credenciales oficiales, y no informaron sus cargos ni el lugar donde trabajaban. Durante la visita, tomaron fotografías de documentos personales que Marcia les mostró a solicitud suya, y la hicieron firmar actas con sus declaraciones sin explicarle el propósito de estas diligencias.
Ese mismo día, recibió una llamada del Ministerio de Justicia (MINJUS). La persona que la contactó, sin identificarse, le informó que la respuesta a su reclamo ya estaba lista, pero que debía recogerla personalmente, ya que el envío por correo “podía demorar varios meses”. Marcia explicó que no podría hacerlo de inmediato porque la funcionaria encargada estaba enferma y solo ella estaba autorizada a entregarle el documento.
El 30 de octubre, Ángel Arias, director de la Agencia Playa de la Empresa de Servicios a la Pesca (ESPMES), respondió a una solicitud de la Fiscalía tras una queja presentada por Marcia. En su denuncia, ella informó que fue despedida verbalmente el 12 de septiembre por decisión del propio Arias, sin abrirle un proceso administrativo. En su respuesta, el director intentó justificar el despido alegando que Marcia había sido detenida por un supuesto delito de atentado y que estaba “acusada por comentarios en internet”. Esa acusación nunca le ha sido notificada oficialmente.
Investigación sin garantías
Permanece en curso una investigación ordenada por Enrique Florán, presidente del Gobierno Municipal de Playa, en la que participan funcionarios que Marcia ha denunciado por corrupción, entre ellos Karina, directora de Vivienda, y Humberto Guijarro, intendente. Hasta ahora no le han permitido participar en el proceso ni presentar pruebas, lo que evidencia la falta de imparcialidad y garantías.
Impacto en la salud
El acoso institucional y la incertidumbre de un proceso sin garantías, prolongado durante años, han deteriorado gravemente su salud. Marcia vive con una colostomía, una condición que requiere cuidados constantes y limita su rutina diaria. Actualmente presenta sangrado en la zona de la colostomía y otras afectaciones que ella asocia a los altos niveles de estrés provocados por el hostigamiento y la falta de protección.
Derechos vulnerados
1- Acceso a la información y garantías de protección:
La falta de identificación de los instructores y la demora injustificada del MINJUS vulneran su derecho a saber quién ejerce autoridad y a recibir información oportuna.
2- Libertad de expresión, no discriminación y presunción de inocencia:
Usar como justificación supuestos delitos no probados para despedirla vulnera su libertad de expresión, su derecho al trabajo sin discriminación y a que se presuma su inocencia.
3- Derecho a la defensa y a un proceso justo:
Mantenerla al margen de la investigación y negarle acceso a la información vulnera su derecho a ser escuchada y a ejercer su defensa.
4- Derecho a la salud y a la vida:
La falta de protección y la exposición prolongada al estrés institucional afectan su salud y ponen en riesgo su vida.
5- Derecho a la vivienda y protección contra desalojos forzosos:
El riesgo de desalojo sin resolución escrita ni garantías procesales vulnera su derecho a una vivienda adecuada y a una vida digna.
Cubalex exige al Estado cubano:
- Poner fin a cualquier intento de criminalización de Marcia Parra por ejercer su derecho a la libertad de expresión y denunciar abusos de autoridad y corrupción.
- Suspender cualquier intento de desalojo que no cuente con resolución escrita ni garantice su derecho a defenderse.
- Garantizar una investigación imparcial y transparente, excluyendo a los funcionarios denunciados por corrupción o con conflictos de interés.
- Investigar los actos de corrupción denunciados y sancionar a los responsables de estos y del hostigamiento contra Marcia.
- Entregar de inmediato las respuestas pendientes de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, para garantizar el acceso efectivo a la información y a la justicia.
Recordamos al Estado cubano su obligación de proteger de manera especial a las personas en situación de vulnerabilidad, garantizando atención adecuada y evitando daños irreversibles. Asimismo, el Estado debe prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, y proteger a quienes los denuncian.