Antonio Rassi, joven de 18 años fallecido en el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en Cuba. Foto: Mercedes Roque/Facebook.
Mercedes Roque, madre de Antonio Rassi Roque —fallecido el 18 de agosto mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en la unidad militar El Calvario, en La Habana—, ha denunciado irregularidades y falta de transparencia en el proceso de investigación sobre la muerte de su hijo.
Según su testimonio, publicado en su perfil de Facebook el 25 de agosto de 2024, Roque acudió por primera vez ante las autoridades militares, pero la entrevista fue “totalmente inconcluyente” y no obtuvo respuesta sobre las circunstancias del fallecimiento. Posteriormente, regresó los días 15 y 24 de septiembre, sin ser atendida, y el 30 de septiembre tuvo que insistir para ser recibida. Solo tras negarse a abandonar la unidad se conformó una comisión integrada por un teniente coronel de la Fiscalía —sin competencia militar— y varios oficiales ajenos a la unidad donde su hijo prestaba servicio.
De acuerdo con la publicación en su cuenta de Facebook , los funcionarios le aseguraron que “el caso se maneja con total transparencia”, aunque no le entregaron documentos ni resultados, y tampoco recibió una versión oficial de los hechos. Roque también denunció que su hijo presentaba signos evidentes de depresión, insomnio y descuido personal. A pesar de que su estado era visible, nunca recibió atención especializada.
“¿Dónde estaban los funcionarios a cargo de Antonio Rassi que no vieron su estado depresivo? ¿Por qué no se me llamó para informar lo que estaba pasando? Si ellos, que son niños, se percataron del estado de Antonio, ¿cómo es posible que los encargados de él no lo hayan visto?”, cuestionó. “Es simple negligencia y falta de atención. Una muerte que se podía haber evitado”, afirmó.
Las muertes de jóvenes durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Cuba forman parte de un patrón preocupante que combina la falta de transparencia, la negligencia institucional y la ausencia de investigaciones independientes. En numerosos casos, las autoridades presentan versiones contradictorias o incompletas, mientras las familias enfrentan silencio, hostigamiento o encubrimiento al exigir justicia.
Este patrón evidencia la responsabilidad del Estado cubano por no garantizar la vida, la integridad física y la atención adecuada de los reclutas bajo su custodia.