Encubrimiento en la prisión de Boniato tras la muerte de Leudis Ramos Mejías

Foto: Archivo Cubalex.

Cubalex recibió información que revela cómo las autoridades penitenciarias en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, están recurriendo a amenazas y coacciones contra reclusos para encubrir la responsabilidad estatal en la muerte de Leudis Ramos Mejías, fallecido bajo custodia el 30 de septiembre de 2024.

Según este testimonio, el mayor Humberto Garcés Tassé, jefe de Orden Interior, agredió físicamente al recluso Ángel Romero (“El gago”), del destacamento 13, con el objetivo de forzarlo a confesar falsamente ser el responsable del fallecimiento. Posteriormente, Romero fue trasladado al centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, conocido como El Técnico de Versalles, donde es sometido a interrogatorios bajo coacción, a pesar de insistir en su inocencia y en que la muerte de Ramos Mejías se debió a la negligencia de las autoridades al negar atención médica oportuna.

El mismo oficial también amenazó al preso político Eider Frómeta Allen por denunciar públicamente el caso. Según los reportes recibidos, Garcés Tassé le advirtió que “se iba a acordar de él para toda la vida”, que “no saldría nunca de la prisión” y que le fabricaría una causa para mantenerlo encarcelado.

Crisis sanitaria dentro del penal

A esta situación se suma un contexto alarmante: la prisión de Boniato se encuentra actualmente en cuarentena por un brote de tuberculosis que afecta a más de 400 reclusos. La vida de estas personas está en grave riesgo debido al hacinamiento, la insalubridad, la deficiente alimentación y la falta de medicamentos y atención médica.

Un patrón de encubrimiento y amenazas

Los hechos en Boniato reflejan un patrón sistemático de encubrimiento, negligencia y amenazas estatales que ponen en peligro la vida e integridad de las personas privadas de libertad en Cuba. Las autoridades, en lugar de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de quienes están bajo su custodia, buscan silenciar denuncias y evadir responsabilidades.

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