El régimen cubano y las autoridades del Combinado del Este, en La Habana, prohibieron durante un año las visitas familiares al preso político del 11J, Amalio Álvarez González, a pesar de su delicado estado de salud. La denuncia fue realizada por su hermana, Esperanza Álvarez, según informó el medio independiente ADN Cuba.
El 20 de septiembre, el jefe del edificio 1 del penal comunicó la decisión y, además, confiscó el teléfono de la familiar e impidió que entregara alimentos al prisionero.
Riesgo para su integridad
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertó que Álvarez padece trastornos psiquiátricos y tiene antecedentes de autolesiones. La organización calificó la medida como inhumana y denunció que se le niega el acceso a informes médicos.
En agosto pasado, la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar a favor de Álvarez, debido a los riesgos que enfrenta su vida e integridad.
Antecedentes de maltrato
Álvarez fue condenado a 15 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021. En septiembre de 2022 se autolesionó después de ser víctima de maltrato por parte de un carcelero. En lugar de recibir tratamiento, fue sometido a abusos verbales y físicos.
Cubalex alerta que la prohibición de visitas constituye un castigo adicional y un acto de aislamiento que vulnera derechos fundamentales y se suma a las voces que reclaman la liberación inmediata de Amalio Álvarez y el acceso a atención médica adecuada.
En las prisiones de Cuba hemos documentado un patrón sistemático de represión, negligencia y negación de derechos hacia las personas privadas de libertad con discapacidad psicosocial. Aunque la legislación cubana —incluyendo la Ley de Ejecución Penal y el Código Penal— contempla protecciones específicas para esta población, en la práctica estas garantías son inexistentes o se aplican de forma arbitraria.
El sistema penitenciario cubano atraviesa una crisis estructural que afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad psicosocial. Estas enfrentan condiciones degradantes, desatención médica, violencia física y psicológica, aislamiento prolongado y la negación sistemática de derechos fundamentales. Estas violaciones no solo incumplen los estándares internacionales de derechos humanos, sino también el propio marco jurídico cubano, que obliga a proteger la salud mental y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad.