El preso político Divaldo Valcárcel González se encuentra en huelga de hambre desde hace una semana en la prisión de Agüica, en Matanzas, en protesta por su injusto encarcelamiento.
Fue arrestado el 3 de julio de 2024 por sus publicaciones críticas en redes sociales y lo acusan de “instigación a delinquir”, un cargo que el régimen utiliza con frecuencia para castigar a quienes piensan distinto o se expresan libremente.
Hace tres meses fue trasladado del Combinado del Sur a la prisión de Agüica como represalia por haberse manifestado en prisión junto a otros reclusos. A pesar de que participaron varias personas, las autoridades lo acusaron de organizar la protesta, utilizándolo como chivo expiatorio para castigarlo de forma ejemplarizante.
Valcárcel lleva un año y dos meses encarcelado sin fecha de juicio, lo que incrementa la incertidumbre sobre su situación legal y demuestra cómo se le niegan sus derechos más básicos. En Cuba, para muchos detenidos, protestar es la única vía para exigir respeto a sus derechos fundamentales, frente al abandono, la desprotección, los abusos de las autoridades y las condiciones inhumanas en las cárceles.
El caso de Divaldo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de represión sistemática contra activistas, opositores y personas que disienten pacíficamente: detenciones arbitrarias que se prolongan sin justificación, falta de información clara sobre los procesos y castigos por ejercer el derecho a la libertad de expresión.