El martes 9 de septiembre fue excarcelado el preso político Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR). Días antes, el 3 de septiembre, activistas habían presentado a su favor una solicitud de habeas corpus ante el Tribunal Provincial de La Habana. El 5 de septiembre, la parte promovente recibió vía SMS una notificación de la Sala Sexta del Tribunal Provincial en la que se informaba que el habeas corpus había sido señalado para el 10 de septiembre a la 1 de la tarde.
Sin embargo, al presentarse ese día en el tribunal, no se celebró audiencia ni se notificó resolución alguna. La única explicación recibida fue que el beneficiario del habeas corpus ya se encontraba en libertad.
La ley procesal penal cubana es clara: todo procedimiento de habeas corpus debe culminar con un auto debidamente fundamentado y notificado (arts. 793 y 795), ya sea admitiendo o denegando la solicitud. Además, si lo señalado era una audiencia, el tribunal estaba obligado a tener al detenido a la vista y permitir la intervención de las partes (arts. 790.2 y 793). Si se trataba de la entrega del auto, correspondía notificarlo mediante copia literal autorizada (arts. 67.1 y 71.1).
La simple comunicación verbal de que el beneficiario está en libertad no sustituye la obligación que tiene el Tribunal de pronunciarse formalmente. Esta omisión priva de certeza jurídica, impide verificar la legalidad de la detención y vacía de contenido el control judicial que constituye la esencia del habeas corpus como garantía frente a detenciones ilegales o arbitrarias.
El caso de Mario resulta aún más preocupante porque sigue en curso un proceso penal en su contra, del cual no se han informado los hechos ni los motivos que lo sustentan, lo que refuerza la arbitrariedad de su detención y la instrumentalización del sistema judicial como herramienta de persecución política. Esta situación se inserta en los patrones identificados en nuestro Informe Semestral sobre tendencias y prácticas represivas en Cuba (enero-junio de 2025), donde señalamos la instrumentalización de la justicia como uno de los métodos más recurrentes de represión estatal.