Cubalex expone el papel clave de la fiscal Eliannys Bárbara Infante Bazán en las violaciones de derechos humanos contra el activista Alexander Verdecia Rodríguez, encarcelado por ejercer su libertad de expresión en redes sociales. 

La fiscal Eliannys Bárbara Infante Bazán ha desempeñado un papel clave en el proceso penal contra Alexander Verdecia Rodríguez. Su actuación ha sido fundamental para poner en marcha y mantener un proceso que viola los derechos humanos. Este caso muestra claramente cómo se está castigando a una persona por ejercer su libertad de expresión, y también revela la colaboración activa de la fiscal con un sistema judicial que no es independiente. 

Lejos de cumplir su deber como representante del interés público, la fiscal ha formalizado una acusación basada en los supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”, solicitando la pena máxima de 10 años de privación de libertad. Esta sanción, claramente desproporcionada, se fundamenta exclusivamente en publicaciones realizadas por Alexander en su perfil personal de Facebook, donde expresó opiniones críticas sobre la situación en Cuba. No se le vincula con actos violentos ni se han presentado pruebas de que sus palabras hayan generado alteraciones del orden público o incitado a actos ilegales. 

El proceso ha estado viciado desde sus inicios. Alexander fue citado bajo amenaza por el jefe de sector de su zona, con la advertencia de ser acusado por desobediencia si no se presentaba ante la unidad de investigación criminal de delitos contra la seguridad del Estado. Fue detenido arbitrariamente el 6 de febrero de 2025 y trasladado al Centro de Operaciones de la provincia Granma. Al día siguiente fue conducido a la prisión de Las Mangas, donde continúa recluido en condiciones inhumanas: sin colchón, durmiendo sobre cartones y recibiendo una alimentación tan deficiente que ha denunciado pasar hambre constantemente. La fiscal tiene conocimiento de estas circunstancias y, sin embargo, ha sostenido la prisión provisional sin proponer medida alternativa alguna, siendo responsable directa tanto de la criminalización arbitraria como de la exposición de Alexander a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El rol de Infante Bazán no se limita a formalizar una acusación. Ella es quien respalda legalmente, con su firma y argumentos, la medida de prisión provisional y la calificación de una conducta que, en realidad, es el ejercicio legítimo de derechos reconocidos por la Constitución cubana y por tratados internacionales firmados por el Estado. A Alexander solo se le acusa por ejercer su libertad de conciencia y de expresión. No se le relaciona con actos violentos, ni hay pruebas de que sus palabras hayan causado desórdenes públicos o llamado a cometer actos ilegales.

La fiscal no puede alegar que actuó por desconocimiento o por presión institucional, ya que tiene la obligación de cumplir con la ley, respetar el debido proceso y los tratados internacionales de derechos humanos. Al pedir una condena sin pruebas directas, mantener a Alexander en prisión a pesar de las condiciones denunciadas y respaldar un proceso penal por motivos políticos, se convierte en parte activa de un sistema que persigue a quienes piensan distinto. 

El derecho internacional es claro: nadie está obligado a cumplir órdenes que son claramente ilegales, y mucho menos a participar en procesos que violan derechos fundamentales. Eliannys Bárbara Infante Bazán no solo pudo negarse a presentar una acusación sin base legal, sino que tenía el deber de hacerlo. Al no cumplir con esa obligación, ha contribuido directamente a la criminalización de un activista pacífico, a su encarcelamiento injusto y a mantenerlo en condiciones que pueden considerarse tortura, según las propias denuncias de Alexander. 

Por eso, su responsabilidad es individual, concreta y grave. No puede justificarse diciendo que solo seguía órdenes o que forma parte de una estructura judicial. Su papel debe ser señalado y denunciado ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU. Quedarse callado o no actuar frente a violaciones de derechos humanos no libera de culpa a quienes, con su firma, usan la ley para reprimir. Eliannys Bárbara Infante Bazán debe rendir cuentas, no solo ante la historia, sino también ante el derecho internacional, por haber facilitado y justificado el encarcelamiento arbitrario y el sufrimiento de Alexander Verdecia Rodríguez.