Opinar no debería ser un delito, pero en Cuba puede costarte la libertad. El activista Alexander Verdecia enfrenta hasta 10 años de prisión por criticar al gobierno en Facebook. Su caso refleja cómo el régimen criminaliza la libertad de expresión para silenciar las voces disidentes. 

Alexander Verdecia Rodríguez, activista cubano de 51 años e integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido el 6 de febrero de 2025 y permanece en prisión provisional en la Prisión Provincial Las Mangas, en la provincia de Granma. Está acusado de los delitos de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”. Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, en enero de 2024 habría utilizado su perfil en Facebook para publicar contenidos que —según las autoridades— buscaban “perturbar la tranquilidad ciudadana”, generar “irrespeto al orden social y al Estado socialista”, y “llamar a la rebelión contra el sistema y sus dirigentes”. 

El proceso penal contra Alexander no es un hecho aislado dentro del entramado represivo del Estado cubano. Su detención arbitraria, la imposición de prisión provisional sin que los hechos ni sus características personales lo justifiquen, y la solicitud fiscal de una sanción máxima de diez años de privación de libertad por emitir opiniones críticas en Facebook revelan un objetivo claro: convertir al sistema judicial en un instrumento de escarmiento público para disuadir la disidencia. Esta estrategia trasciende el caso individual. Su propósito es enviar un mensaje a la ciudadanía, especialmente a quienes usan las redes sociales: opinar libremente sobre el poder político puede costarte la libertad. 

En una sociedad donde el acceso a los medios de comunicación y a internet está fuertemente controlado por el Estado, las plataformas digitales se han convertido en uno de los pocos espacios disponibles para ejercer la libertad de expresión. El uso creciente de redes como Facebook o X (Twitter) por parte de ciudadanos comunes para denunciar abusos, cuestionar políticas públicas o simplemente expresar su frustración ante la crisis económica ha generado una nueva forma de socialización política desde abajo. En este contexto, el Estado no solo persigue a los activistas más visibles, sino que también penaliza a quienes emplean sus perfiles personales como canal de expresión. La acusación contra Alexander —basada únicamente en publicaciones digitales, sin evidencia de actos violentos ni llamados a la insurrección— confirma el carácter intimidatorio del proceso penal. 

Este tipo de enjuiciamiento tiene un efecto inhibitorio profundo. El miedo a ser vigilado, citado, detenido o encarcelado por lo que se publica en internet genera una forma de autocensura generalizada. El ciudadano comienza a preguntarse si vale la pena compartir una opinión, comentar una noticia o, incluso, reaccionar a una publicación. El espacio digital —que en muchas partes del mundo representa una oportunidad de participación democrática— se convierte, en el caso cubano, en un territorio de vigilancia y castigo potencial. El efecto no es solo individual, sino colectivo: se paraliza el debate público, se debilitan las redes de solidaridad y se refuerza el control social mediante el temor.

Además, el proceso contra Alexander ocurre en un contexto donde no existen tribunales independientes ni un sistema de garantías judiciales mínimas. Esto refuerza la percepción de que el sistema penal no está diseñado para proteger derechos, sino para castigar opiniones. Lejos de ser un instrumento de justicia, el proceso penal funciona como un ritual de escarmiento que busca reeducar a la sociedad a través del castigo ejemplarizante. La petición fiscal no tiene como fin reparar un daño ni prevenir una conducta peligrosa, sino reafirmar los límites del pensamiento permitido.

Por eso, lo que está en juego en este caso es más que la libertad de Alexander: está en juego la posibilidad misma de construir un espacio público plural, donde todas las voces puedan expresarse sin miedo. Defender a Alexander no es solo un acto de solidaridad individual, sino un gesto colectivo en defensa de los derechos fundamentales que asisten a toda la ciudadanía. Es también una denuncia clara de cómo el sistema penal cubano, lejos de proteger a la sociedad, se emplea para imponer el silencio forzado y perpetuar el monopolio ideológico del Estado. 

Cada publicación castigada con años de cárcel busca intimidar y controlar. Pero denunciar estos abusos y solidarizarse con las víctimas es una forma concreta de defender la libertad de expresión y exigir que pensar diferente no sea motivo de prisión.