Este análisis jurídico elaborado por el equipo legal de Cubalex examina las graves irregularidades procesales y sustantivas en el caso de Ricardo Suárez Marrero, ex oficial del MININT condenado por delitos de contenido político. El informe evidencia cómo el derecho penal y la jurisdicción militar se han utilizado para castigar la expresión crítica y disciplinar ideológicamente a quienes desafían al poder, incluso desde dentro del sistema.  

En una ciudad de Cuba, un hombre de 59 años, jubilado, publica bajo seudónimo algunos textos críticos en redes sociales. Denuncia malas prácticas del Ministerio del Interior, habla de corrupción, de decisiones cuestionables y de estructuras de poder desgastadas. Lo que quizás no imaginó Ricardo Suárez Marrero es que esas publicaciones, hechas ya como civil retirado, serían consideradas actos de espionaje por los mismos que alguna vez fueron sus compañeros de uniforme.

Ricardo no es un disidente tradicional. Durante años formó parte de la estructura del Ministerio del Interior, dedicado a lo que en Cuba se conoce como “lucha contra la subversión”. Es decir, se encargaba de vigilar, perseguir y, en ocasiones, reprimir el trabajo de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. Por eso, para muchas personas, resulta difícil empatizar con su situación actual.

Pero más allá de su pasado, lo que está en juego hoy es una pregunta fundamental: ¿Puede una persona ser juzgada con justicia en Cuba cuando se atreve a hablar, incluso después de haber servido al poder?

Ricardo fue condenado por seis delitos: espionaje, revelación de secretos y cuatro cargos de desacato. La historia detrás de estas acusaciones deja un sabor amargo. 

Los documentos y las dudas

Ricardo fue sancionado por tener en su poder documentos antiguos del MININT, algunos de los cuales usó como referencia para escribir sus textos críticos. Se trataba, por ejemplo, de un manual de psicología operativa y algunos apuntes manuscritos. Según las autoridades, ese material debía permanecer “clasificado”. Pero nunca se presentó una prueba técnica que demostrara que esos documentos seguían siendo confidenciales. Ni peritajes, ni certificaciones actualizadas. Solo se asumió que eran secretos porque así lo decía una orden interna del Ministerio. Es como si alguien guardara en casa un manual viejo de su trabajo anterior y, por usarlo años después para criticar a su antigua empresa, fuera acusado de traición.

Pero hay más. No se le castiga únicamente por haber conservado esos documentos, sino también por haber escrito en redes sociales sobre corrupción y abusos. Para el tribunal, eso fue suficiente para considerarlo un espía. No se presentaron pruebas de que hubiera compartido información con gobiernos extranjeros, ni de que se hubiera beneficiado personalmente de lo que publicó. Aun así, la interpretación del tribunal fue tajante: criticar al sistema —incluso siendo un civil retirado— puede considerarse una amenaza a la seguridad del Estado.

¿Espiar a quién? ¿Y cómo?

Cuando uno piensa en un espía, imagina a alguien que roba secretos, usa identidades falsas, se infiltra en lugares prohibidos. Pero Ricardo no hizo nada de eso. No utilizó dispositivos especiales, no se ocultó para obtener información, y los datos que manejaba ya estaban en su poder por su antiguo cargo. La única “infiltración” fue publicar en redes sociales bajo seudónimo.

El tribunal interpretó que esa publicación, sin importar su repercusión real, equivalía a un acto de espionaje. La ley cubana exige que para ese delito haya una intención clara de dañar la defensa nacional o ayudar a un actor extranjero. En este caso, esa intención nunca se probó. Solo se asumió.

Críticas no son delitos

Otra parte de la condena se basó en sus críticas a funcionarios del Estado. El tribunal lo consideró culpable de “desacato”, una figura legal que penaliza insultos a autoridades. Pero no se trató de insultos personales ni de ofensas vulgares. Fueron críticas de naturaleza política, firmadas con seudónimo, en las que cuestionaba el funcionamiento del gobierno y sus instituciones.

Según los tratados internacionales de derechos humanos, esas expresiones están protegidas por la libertad de pensamiento y de expresión. Incluso la propia Constitución cubana reconoce el derecho de los ciudadanos a opinar libremente. Sancionar a una persona por criticar a quienes gobiernan —especialmente cuando ya no forma parte de las fuerzas armadas— es incompatible con estos principios fundamentales. La crítica no puede confundirse con un delito.

Un civil juzgado como militar

Quizás uno de los aspectos más preocupantes del caso es que, aunque Ricardo ya estaba jubilado y sus actos no tenían relación con funciones militares, fue juzgado por tribunales militares. Esto no es solo una cuestión de forma. La justicia militar está pensada para casos que ocurren dentro del ámbito militar: soldados en funciones, conflictos internos, faltas disciplinarias. Pero juzgar a un civil por sus opiniones públicas, en un tribunal donde los jueces también son militares, pone en duda la imparcialidad del juicio.

El derecho internacional —y la propia Constitución cubana— exige que las personas sean juzgadas por un tribunal independiente e imparcial. Cuando se salta esta regla, se pone en riesgo el derecho a un juicio justo. Y eso, más allá del pasado de Ricardo, debería preocuparnos a todos.

Un caso incómodo, pero necesario de contar

Es comprensible que muchas personas no sientan simpatía por Ricardo Suárez Marrero. Su participación en la represión contra activistas dejó huellas profundas. Pero en un Estado de Derecho, los derechos no se pierden por el pasado de una persona. Incluso alguien que fue parte del sistema tiene derecho a expresar sus ideas, a ser juzgado con garantías y a no ser castigado de forma desproporcionada.

La historia de Ricardo pone en evidencia un problema mayor: cómo se utiliza el derecho penal en Cuba para silenciar a quienes resultan incómodos al poder, incluso si en otro momento lo sirvieron. La justicia no puede ser una herramienta de venganza ni un instrumento de control político. Contar su caso no es justificar lo que fue, sino señalar lo que está mal. Porque hoy se encarcela a un jubilado por escribir críticas al gobierno, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros.

El caso expone cómo se manipula el derecho penal en Cuba para silenciar voces críticas. Accede al análisis jurídico completo y conoce los argumentos que lo demuestran.