Cubalex alerta sobre el crítico estado de salud de Miguel Alfonso Jiménez Marrero, preso político cubano de 51 años, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace más de 20 días. Actualmente cumple una condena de 12 años de prisión en el centro penitenciario La Pendiente, en Villa Clara, impuesta tras un proceso legal marcado por irregularidades.

Castigo ejemplarizante ante el descontento social

Miguel Alfonso Jiménez Marrero fue detenido en la madrugada del 26 de mayo de 2024 en Calabazal de Sagua, municipio Encrucijada, provincia Villa Clara. En medio de un apagón generalizado, consecuencia directa de la grave crisis energética y socioeconómica que atraviesa el país, fue acusado de lanzar piedras contra la fachada de una tienda estatal de la red comercial “Isla de Cuba”. Por estos hechos fue imputado por los delitos de sabotaje y atentado.

A pesar de tratarse de un ciudadano civil, Miguel Alfonso fue juzgado por un tribunal militar, que le impuso una sanción desproporcionada de 12 años de prisión, además de una prohibición de salida del país por el mismo período. 

La defensa señaló que no existían pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con los hechos, subrayando la fragilidad del testimonio del único testigo presencial y cuestionando el uso de una huella de olor como principal prueba incriminatoria. No obstante, el tribunal desestimó todos los elementos a favor del acusado y se inclinó por una sentencia severa basada más en indicios que en evidencias sólidas.

Este caso no puede entenderse de forma aislada. La desproporción de la pena, el uso de la justicia militar contra un civil y la interpretación rígida del tipo penal revelan un objetivo político: enviar un mensaje de advertencia al resto de la población en un momento de creciente tensión social. La sanción impuesta a Miguel tiene un carácter ejemplarizante, diseñado para disuadir cualquier expresión de inconformidad o frustración ciudadana, incluso las más espontáneas o no organizadas.

En un país donde la protesta pública está criminalizada, y donde se multiplican los apagones, el hambre y la escasez, responder con condenas extremas a actos menores refleja una estrategia deliberada de represión preventiva. Se trata de inhibir el descontento social mediante el miedo, utilizando el derecho penal no como mecanismo de justicia, sino como herramienta de control político. 

En huelga de hambre: el grito desesperado de quienes no tienen otra defensa

Tras más de 20 días en huelga de hambre, Miguel Alfonso Jiménez Marrero enfrenta un acelerado deterioro de su salud, en condiciones extremas, sin que las autoridades hayan ofrecido información oficial sobre su situación ni garantizado su derecho a recibir atención médica adecuada. Esta omisión no solo vulnera su derecho a la vida y la integridad física, sino que también contraviene los estándares internacionales sobre el trato a personas privadas de libertad.

La huelga de hambre es una forma extrema de protesta, un recurso límite al que recurren quienes han sido despojados de sus garantías judiciales, sometidos a condenas desproporcionadas o silenciados por un sistema que niega el acceso a la justicia. En contextos autoritarios o de represión política, donde el derecho es manipulado como mecanismo de castigo, esta forma de resistencia se convierte en la única herramienta de denuncia de las personas criminalizadas por motivos de conciencia.

Lejos de ser un acto impulsivo o aislado, una huelga de hambre prolongada es una señal de alarma. Denuncia el abandono institucional, el encierro sin justicia y el trato inhumano al que son sometidas muchas personas privadas de libertad en Cuba. Es también una interpelación directa a quienes observan desde fuera: una exigencia urgente de atención, acción y solidaridad.

Cuando el Estado responde con silencio, represión o indiferencia ante las demandas de justicia, el cuerpo se convierte en el último medio de expresión. Miguel, como tantos otros presos políticos cubanos, ha optado por esa forma de resistencia frente a un sistema judicial que lo condenó sin pruebas suficientes y le negó el derecho a defenderse con garantías. Su huelga de hambre es un grito por justicia que no puede seguir siendo ignorado.