La Constitución cubana incluye mecanismos que, en teoría, permiten la participación popular. Sin embargo, en la práctica, el poder político establece los límites: decide qué se puede cambiar… y qué no. A partir del caso del Proyecto Varela, analizamos los obstáculos legales y políticos que enfrenta la ciudadanía cuando intenta ejercer su derecho a impulsar reformas y decidir sobre el futuro del país. 

Este 10 de mayo se conmemora un nuevo aniversario del Proyecto Varela, una de las iniciativas ciudadanas más relevantes en la historia reciente de Cuba. Aprovechamos esta fecha no solo para recordar su importancia, sino también para responder algunas preguntas que nos plantea con frecuencia nuestra audiencia y activistas que se capacitan con Cubalex: ¿quién tiene realmente el poder de cambiar la Constitución en Cuba? ¿Qué papel puede desempeñar la ciudadanía en ese proceso? Abordar estas dudas es fundamental, porque conocer los límites y las posibilidades legales es clave para imaginar un futuro con mayor participación ciudadana y más derechos.

¿Quién puede cambiar la Constitución en Cuba?

La Constitución es la ley suprema del país. En ella se define cómo se organiza el Estado, cuáles son nuestros derechos y cómo se toman las decisiones más importantes. Pero, ¿puede cambiar? Sí. De hecho, ha sido modificada en varias ocasiones. Sin embargo, por su relevancia, no puede reformarse de cualquier manera. La propia Constitución establece un procedimiento específico para hacerlo, y ese procedimiento ha cambiado con el tiempo.

Bajo la Constitución de 1976, solo los diputados podían proponer y aprobar reformas. La participación popular era mínima, salvo cuando la Asamblea Nacional decidía convocar un referendo, algo que no siempre era obligatorio.

Desde 2019, con la nueva Constitución, existen mecanismos adicionales. Además del gobierno, la ciudadanía también puede proponer reformas si logra reunir al menos 50.000 firmas. Además, hay temas de especial relevancia que no pueden modificarse sin la consulta previa al pueblo mediante referendo.

Aunque estos cambios aparentan abrir la puerta a una mayor participación, en la práctica hay límites importantes. Por ejemplo, el sistema socialista ha sido declarado “irrevocable”, lo que significa que no puede ser modificado. En otras palabras, sí es posible cambiar la Constitución… pero solo dentro de los márgenes que impone el propio sistema.

El Proyecto Varela y la reforma que buscó silenciarlo

En 2002, un grupo de ciudadanos cubanos intentó utilizar el camino legal para promover cambios democráticos. Lo hicieron a través del Proyecto Varela, una iniciativa impulsada por el líder opositor Oswaldo Payá y otros activistas. Reunieron más de 11.000 firmas válidas —superando lo que exigía la Constitución vigente en ese momento— y las presentaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Su propuesta incluía cinco demandas concretas: libertad de expresión, libertad de asociación, amnistía para presos políticos, reformas electorales y libertad económica.

Pero en lugar de debatir la iniciativa, como correspondía legalmente, el gobierno respondió cerrando cualquier posibilidad de apertura. Pocos días después, se organizó una masiva campaña nacional para reformar la Constitución. En menos de una semana, más de ocho millones de personas firmaron una propuesta para declarar el sistema socialista como “irrevocable”.

Aunque se presentó como una respuesta popular, la campaña fue dirigida desde las estructuras oficiales del Estado. El Partido Comunista coordinó todo el proceso a través de sus mecanismos de control social: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), entre otros. No fue un proceso libre ni espontáneo. Muchas personas firmaron por presión, otras por temor, y algunas por convicción. Pero el propósito era claro: bloquear cualquier intento de reforma como el del Proyecto Varela.

La iniciativa ciudadana fue desechada. La reforma constitucional de 2002 se impuso. Desde entonces, la Carta Magna prohíbe cualquier esfuerzo por cambiar el sistema político establecido. La lección es contundente: cuando la ciudadanía intentó utilizar las vías legales para impulsar reformas, el poder modificó las reglas para impedirlo.

¿Qué significa que el socialismo sea “irrevocable”?

Desde 2002, la Constitución cubana declaró que el sistema socialista es “irrevocable”. En otras palabras, no puede cambiarse. Está blindado. Esto significa que, incluso si las nuevas generaciones quisieran adoptar otro modelo político o económico, la propia Constitución les impide debatirlo. Aun si una mayoría de la población deseara un cambio, no existe una vía legal para lograrlo.

Esta cláusula contradice un principio reconocido a nivel internacional: el derecho a la autodeterminación. Es decir, el derecho de los pueblos —y de cada generación— a decidir libremente su sistema político, económico y social. Ningún país debería estar atado para siempre a un modelo que ya no lo representa. Sin embargo, en Cuba, eso es precisamente lo que impone la cláusula de irrevocabilidad.

¿Cómo puede participar el pueblo en una reforma constitucional?

En Cuba, la ciudadanía puede participar en los procesos de reforma constitucional, pero no siempre con el mismo nivel de influencia. Existen tres formas principales de involucrarse, y cada una ofrece un grado distinto de poder real sobre las decisiones finales.

1. Consulta o debate previo

Es cuando las autoridades convocan a la población para opinar sobre un proyecto de reforma. Puede incluir reuniones, foros o recogida de propuestas. Sin embargo, estas opiniones no son vinculantes: se escuchan, pero no se garantiza que sean tomadas en cuenta. La decisión final sigue en manos del poder político. Así ocurrió en 1992, cuando se promovió un supuesto debate abierto con la ciudadanía, pero fue la Asamblea Nacional la que terminó aprobando los cambios sin modificaciones sustanciales. 

2. Iniciativa popular

Este mecanismo permite que los ciudadanos presenten una propuesta formal de reforma si logran reunir al menos 50.000 firmas. Esto obliga a la Asamblea Nacional a debatir la propuesta, pero no a aprobarla. El poder legislativo conserva el control del proceso. Un ejemplo fue la reforma de 2002, presentada como iniciativa popular tras la recogida masiva de firmas para blindar el sistema socialista. No obstante, todo el proceso fue organizado y dirigido por estructuras oficialistas, lo que puso en duda su carácter genuinamente ciudadano.

3. Referendo

Es el mecanismo más directo y vinculante. En este caso, el pueblo vota y tiene la última palabra: si la mayoría dice “sí”, la reforma se aprueba; si dice “no”, se rechaza. Se utilizó en 1976 para aprobar la primera Constitución socialista y en 2019 para validar la nueva. Sin embargo, no todos los cambios constitucionales requieren referendo: solo aquellos que afectan temas clave, como los derechos fundamentales o la estructura del Estado. 

En resumen, en Cuba la ciudadanía puede opinar, proponer e incluso votar sobre cambios constitucionales. Pero el control final permanece en manos del poder político, que decide cuándo y cómo se aplica cada uno de estos mecanismos.

Constitución, poder y participación en Cuba: ¿quién decide?

La historia constitucional de Cuba deja una lección contundente: el poder siempre ha controlado los límites de lo que se puede cambiar. Desde 1976 hasta hoy, el discurso oficial ha hablado de participación, pero siempre bajo condiciones impuestas, dentro de un modelo que no admite alternativas reales.

En 1976, la Constitución fue aprobada mediante referendo, pero en un contexto de partido único, sin opciones políticas diversas. En 1992, se promovió un supuesto debate popular, aunque los cambios fueron decididos exclusivamente por la Asamblea Nacional. En 2002, frente a una genuina iniciativa ciudadana —el Proyecto Varela—, la respuesta fue blindar el sistema para impedir que volviera a cuestionarse. Y en 2019, lo que se hizo fue reafirmar lo ya establecido: el socialismo es intocable, para siempre.

En teoría, el pueblo puede opinar, proponer e incluso votar. Pero en la práctica, no tiene poder real para decidir lo esencial: cómo quiere organizar su sociedad, qué modelo político desea, qué transformaciones necesita.

Una Constitución debería ser una herramienta para garantizar la libertad, la justicia y el cambio cuando sea necesario. En Cuba, hoy, esa herramienta está cerrada con llave… y la llave sigue en manos de unos pocos. 

En Cuba, hablar de participación constitucional no es lo mismo que ejercerla con poder real. A pesar de que existen mecanismos como el referendo, la iniciativa popular o la consulta previa, todos operan bajo el control de un modelo que no admite cuestionamientos fundamentales. El caso del Proyecto Varela lo demuestra con claridad: cuando la ciudadanía intentó usar los caminos legales para impulsar reformas democráticas, el Estado respondió reforzando sus límites.

Entender cómo funciona (y se restringe) el marco legal en Cuba no es un simple ejercicio académico: es un paso necesario para imaginar estrategias de cambio reales. Porque si queremos un futuro con más derechos y más participación, primero hay que reconocer qué nos impide decidir hoy.