Foto: Captura de pantalla del programa “A fondo”, de América TV.

En entrevista con Juan Manuel Cao, Laritza Diversent denuncia que el Estado cubano utiliza la revocación de la libertad condicional para castigar a los presos políticos.

La directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, fue entrevistada por el reconocido periodista Juan Manuel Cao en su programa “A fondo”, transmitido por América TV, en el que analizó las recientes revocaciones arbitrarias de libertad condicional a los presos políticos José Daniel Ferrer García y Félix Navarro Rodríguez. Ambos líderes opositores fueron detenidos de forma violenta y sin garantías el pasado 29 de abril, como parte de operativos policiales coordinados tras la decisión del Tribunal Supremo Popular de revocar el beneficio de libertad condicional que les había sido otorgado en enero de 2025, en el marco de negociaciones diplomáticas entre el régimen cubano y el Vaticano.

Durante la entrevista, Diversent denunció que en Cuba la ley no funciona como garantía de derechos, sino como un instrumento de represión política. Subrayó que el sistema judicial responde directamente a los intereses del Estado, y que en lugar de proteger a la ciudadanía, encubre violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La libertad condicional como instrumento de control político

Diversent explicó que tanto la concesión como la revocación de la libertad condicional en los casos de Ferrer y Navarro están marcadas por graves irregularidades jurídicas. Señaló que ninguno de los dos solicitó dicho beneficio, lo que invalida cualquier obligación de cumplir con condiciones que no aceptaron de forma voluntaria ni consciente.

El uso de esta figura, que en teoría debe servir como un mecanismo de reinserción social, ha sido tergiversado para criminalizar el activismo pacífico de estos reconocidos líderes opositores. En lugar de favorecer su reincorporación a la sociedad, el Estado la ha utilizado para imponer condiciones restrictivas, ejercer vigilancia política y mantener la persecución bajo una fachada de legalidad.

¿Por qué hablamos de desapariciones forzadas?

Durante la entrevista, Laritza Diversent advirtió que la revocación de la libertad condicional a los opositores estuvo acompañada de desapariciones forzadas, una práctica sistemática que Cubalex ha denunciado reiteradamente. Explicó que, según los estándares internacionales, una desaparición forzada ocurre cuando agentes del Estado detienen a una persona y niegan proporcionar información sobre su paradero, lo cual impide cualquier tipo de protección legal.

Laritza Diversent señala que, según explicó Félix Navarro en entrevista con Cubalex, el tribunal nunca le entregó por escrito la prohibición de salir de su municipio, aunque luego usó ese argumento para justificar la revocación de su libertad condicional/Captura de pantalla “A fondo”.

En el caso de Félix Navarro, su esposa Sonia Álvarez, también reconocida activista de derechos humanos, se dirigió a la unidad policial del municipio de Perico, en la provincia de Matanzas —lugar de residencia de ambos—, y las autoridades se negaron a confirmar su detención o revelar su ubicación, incurriendo así en una violación grave reconocida tanto por el Código Penal cubano como por el derecho internacional.

Diversent subrayó que, en estos casos —muchos de ellos documentados por Cubalex—, las personas detenidas quedan en un limbo jurídico, ya que las autoridades actúan con total discrecionalidad y los tribunales, al no ser independientes, no ejercen una supervisión efectiva del proceso. Señaló además que, en repetidas ocasiones, se ha proporcionado información falsa a los familiares, asegurándoles que la persona detenida se encuentra en una estación policial determinada, cuando en realidad ha sido trasladada y permanece recluida en otro lugar sin notificación oficial. Por ello, mientras la familia no pueda ver a la persona ni establecer contacto directo —al menos por vía telefónica—, Cubalex la considera en situación de desaparición forzada. 

La instrumentalización del sistema judicial

Diversent alertó también sobre la utilización del sistema judicial cubano como un instrumento represivo, orientado a castigar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Uno de los puntos más relevantes del debate fue el contenido del comunicado oficial del Tribunal Supremo Popular, emitido el 29 de abril, en el que se señala que José Daniel Ferrer y Félix Navarro son personas que, “de forma pública, hacen llamados al desorden y al desacato a las autoridades en sus entornos sociales y digitales, y mantienen vínculos públicos con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba”.

Aunque el propio documento aclara que dichas conductas no guardan relación directa con la revocación de la libertad condicional, también advierte que podrían ser objeto de futuras investigaciones penales, dejando abierta la posibilidad de nuevas imputaciones por motivos políticos.

Para Diversent, este señalamiento constituye una prueba clara de la intencionalidad política de las detenciones. No solo se pretende silenciar a los opositores, sino también enviar un mensaje aleccionador a las personas excarceladas bajo condiciones restrictivas, reforzando así el clima de represión y autocensura entre quienes ejercen activismo cívico en la isla. 

Violencia institucional contra menores: sin protección ni rendición de cuentas  

La abogada defensora de derechos humanos también denunció la utilización de niños en actos de repudio, como ocurrió recientemente frente a la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en Santiago de Cuba. Alertó sobre cómo los menores son instrumentalizados en acciones de contenido político, sin el consentimiento de sus padres, lo que constituye una violación del propio Código de las Familias y expone a los niños a entornos de violencia y adoctrinamiento.

Imagen del acto de repudio protagonizado por niños frente a la sede de UNPACU en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba/Captura de pantalla “A fondo”.

Diversent subrayó que este tipo de prácticas no solo infringen la ley, sino que además ponen en riesgo el bienestar físico y emocional de los menores. En ese sentido, destacó el caso del hijo menor de José Daniel Ferrer, de apenas cinco años de edad, quien fue testigo de cómo agentes de la policía y de la Seguridad del Estado irrumpieron violentamente en su hogar y se llevaron detenido a su padre. El menor, señaló Diversent, fue sometido a una experiencia traumática al presenciar la irrupción violenta de las fuerzas represivas y ser sacado por la fuerza de su vivienda, permaneciendo durante varias horas en condición de reclusión junto a su madre, sin que se brindara información sobre su situación o paradero.

Estas acciones —denunció Diversent— reflejan un patrón de represión institucional que no solo afecta a los activistas, sino también a sus familias, especialmente a niños y niñas que son expuestos a la violencia estatal sin que exista reconocimiento ni rendición de cuentas por parte del Estado.

Laritza Diversent fue enfática al afirmar que en Cuba no existe un Estado de Derecho: la ley no actúa como garantía de derechos, sino como herramienta de persecución, represión y silenciamiento contra quienes disienten del régimen. La revocación de la libertad condicional a José Daniel Ferrer y Félix Navarro no constituye simplemente una arbitrariedad, sino que forma parte de una estrategia sistemática de criminalización de la disidencia política, dirigida a castigar la opinión y la acción cívica independiente. 

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