Foto: Artista cubano Fernando Almenares ‘Nando OBDC‘/Facebook.

La acusación inicial contra el artista cubano Fernando Almenares, conocido como Nando Obdc, carece por completo de pruebas. Pese a ello, la Seguridad del Estado insiste en mantenerlo encarcelado, iniciando ahora una nueva investigación penal en su contra. 

El Observatorio de Derechos Culturales ha denunciado un nuevo intento de fabricar una causa penal contra el artista y prisionero político Fernando Almenares, conocido artísticamente como Nando Obdc, a pesar de la evidente ausencia de pruebas en su contra.

Según detalla la denuncia, “la gestión legal ha evidenciado lo insostenible de la causa penal, ya que el proceso investigativo no recabó una sola prueba que lo vincule a acciones subversivas”. Pese a ello, la Seguridad del Estado ha abierto una nueva investigación, esta vez por el supuesto delito de “propaganda enemiga contra el orden constitucional”, reanudando así un ciclo de persecución injustificada.

Detención arbitraria y represión 

El 31 de diciembre de 2024, Nando —rapero y artista visual— fue detenido arbitrariamente por agentes de la Seguridad del Estado. Durante la detención, su vivienda fue sometida a una requisa violenta, en la que se confiscaron obras de su producción artística y una bandera cubana, esta última utilizada como presunta “prueba delictiva”.

Violaciones al debido proceso y represalias sistemáticas

Desde su detención, el caso de Fernando Almenares ha estado marcado por graves violaciones al debido proceso y a sus derechos fundamentales. Fue arrestado sin orden judicial ni pruebas incriminatorias, lo que constituye una detención arbitraria, prohibida por el derecho internacional. Tras su arresto, fue recluido en Villa Marista, un centro de detención ampliamente documentado por aplicar tortura psicológica, aislamiento prolongado y coerción durante los interrogatorios, en violación de la Convención contra la Tortura.

Posteriormente, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, donde fue internado en un área destinada a reclusos con enfermedades infecciosas, bajo el argumento —no respaldado por diagnóstico médico alguno— de que sería portador del VIH. Esta medida discriminatoria injustificada vulnera sus derechos a la integridad física, a la salud, y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El 5 de abril, fue nuevamente trasladado a una prisión para personas con VIH ubicada en San José de Las Lajas, lo que ha sido interpretado como una acción de represalia e intimidación, derivada de las denuncias públicas que ha realizado sobre los abusos, maltratos y condiciones inhumanas sufridas durante su reclusión. Esta serie de acciones constituye una forma sistemática de castigo y criminalización, violatoria de su derecho a la libertad de expresión, a la defensa legal efectiva y a condiciones dignas de detención. 

Fernando Almenares es inocente. La fragilidad del proceso legal en su contra lo demuestra: no hay pruebas que sustenten su encarcelamiento. Resulta alarmante que una bandera sea utilizada como único elemento para justificar una detención prolongada y abusiva.