El acceso a la salud es un derecho humano fundamental, y su privación deliberada en el contexto penitenciario representa una grave violación de derechos, que puede constituir maltrato institucional o incluso tortura.
El caso del preso político Andrés Lugo Pérez evidencia la sistemática desatención médica en los centros penitenciarios, exponiendo a los reclusos a condiciones inhumanas.
Lugo Pérez, opositor cubano, fue condenado a 8 años de prisión por los delitos de “atentado”, “desorden público” y “desacato” tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Desde hace meses, sufre un grave deterioro de su salud mental, con alucinaciones y un cuadro severo de depresión, sin recibir tratamiento adecuado. El pasado 29 de enero, fue trasladado del hospital psiquiátrico del penal al destacamento 16 de la prisión de Boniato, sin recibir ningún tipo de explicación. A su familia tampoco le informaron sobre esta decisión.
De acuerdo con información confirmada por Cubalex, no solo le niegan atención médica especializada, los guardias lo maltratan, asegurando que finge su estado de salud. Sin embargo, su hermano, también recluido en el penal de Boniato, confirma que su deterioro es alarmante.
No recibe medicamentos ni ningún tipo de tratamiento, lo que pone en grave riesgo su vida. En diciembre, Cubalex denunció su situación, pero las autoridades siguen sin garantizarle la atención médica que necesita con urgencia.
El acceso a la salud mental no es un privilegio, sino un derecho humano esencial. La falta de atención médica en el sistema penitenciario puede constituir una forma de tortura o trato cruel e inhumano, castigando de forma intencional a las personas privadas de libertad.
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