Desde el 3 de noviembre, las reclusas del campamento de trabajo forzado “El Anoncillo”, ubicado en la provincia de Camagüey, están incomunicadas debido a que el teléfono del centro está fuera de servicio. Esta situación afecta especialmente a las presas políticas y a sus familias, quienes dependen de este medio para mantenerse en contacto.

Impacto en las reclusas y sus familias

La falta de comunicación vulnera los derechos humanos fundamentales de las personas privadas de libertad y tiene consecuencias graves, tanto para ellas como para sus familias. Según denunció el periodista José Luis Tan Estrada, en “El Anoncillo” se encuentran presas políticas con problemas de salud significativos.

A pesar de las reiteradas quejas, las autoridades no han reparado el teléfono, limitando aún más el contacto de las reclusas con sus seres queridos. Algunas guardias permiten que las reclusas usen sus teléfonos personales por breves periodos de tiempo, pero esta medida es excepcional y no alcanza a todas, informó el periodista a Cubalex.

El caso de Aniette González

Esta situación afecta especialmente a Aniette González, presa política recluida en un régimen de menor rigor en este campamento. Su estado de salud es preocupante porque sufre afectaciones en las cuerdas vocales y un proceso alérgico, como consecuencia de las condiciones insalubres en la prisión de mujeres Kilo 5, donde estuvo anteriormente recluida. Allí fue obligada a permanecer en una celda húmeda, bañarse con agua fría y consumir agua contaminada, lo que le provocó pérdida frecuente de la voz y dolores de garganta.

La incomunicación agrava aún más su vulnerabilidad, intensificando su sufrimiento y el de su familia.

Una violación de derechos humanos reconocidos internacionalmente

La falta de comunicación no solo intensifica el sufrimiento de las personas privadas de libertad, sino que también vulnera derechos reconocidos por instrumentos internacionales como las Reglas Mandela. Estas normas garantizan el derecho de las personas encarceladas a mantener un contacto regular con el mundo exterior, especialmente con sus familiares.

Además, la incomunicación afecta gravemente a las familias de los reclusos, generando consecuencias emocionales, psicológicas y sociales. La incertidumbre y el desconocimiento sobre la situación de sus seres queridos provocan angustia y un profundo estrés emocional.

La falta de comunicación incrementa el aislamiento, intensifica el sufrimiento de las personas privadas de libertad y agrava el impacto del encarcelamiento. Para las familias, esta desconexión representa una carga adicional, rompiendo los vínculos esenciales de apoyo y afecto que podrían mitigar el impacto de la reclusión.