Foto tomada de ADN Cuba

El 8 de noviembre de 2024, Yaquelín García Jaén, una opositora política cubana de 42 años y residente en Bayamo, Granma, fue detenida en su hogar tras un registro realizado por agentes de la Seguridad del Estado. Según su esposo, Ariel Arzuaga Peña, esta detención no se basó en pruebas claras ni en un procedimiento legal adecuado, sino en su activismo político como integrante de movimientos opositores.

Durante el registro, las autoridades decomisaron objetos personales de Yaquelín, como una cafetera, un fogón de inducción, dinero en efectivo y su documentación personal. Inicialmente, se la acusó de venta ilícita de alimentos, pero estos cargos fueron cambiados por el presunto delito de instigación a delinquir. Yaquelín fue trasladada primero a la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado de Granma y posteriormente, el 19 de noviembre, a la prisión de mujeres en Estalage, Bayamo.

En este proceso, se han señalado varias irregularidades, como la ausencia de una orden de registro y detención, la falta de instrucción formal de cargos y la incomunicación de Yaquelín, quien desde el momento de su detención inició una huelga de hambre en protesta por lo que considera una acusación fabricada.

La detención de Yaquelín ha afectado profundamente a su familia, en particular a su hija de 15 años, quien atraviesa una grave crisis emocional. Ariel, su esposo, ha reclamado la devolución de los bienes ocupados durante el registro y denuncia la falta de respuesta de la Fiscalía Provincial, que argumenta tener hasta 30 días para determinar si se devolverán los objetos.

Además, Ariel ha señalado que Yaquelín ha sido presionada por las autoridades para que renuncie a su activismo político como condición para obtener mejores condiciones en su reclusión.

Este caso evidencia una serie de violaciones de derechos fundamentales garantizados en la Constitución de la República de Cuba y en las leyes internacionales de derechos humanos:

Presunción de inocencia: Yaquelín fue detenida sin pruebas claras ni un juicio justo.

Derecho a la defensa: No se le permitió acceso inmediato a un abogado.

Comunicación: Fue incomunicada y se le negó la posibilidad de hablar con sus familiares de forma oportuna.

Dignidad e integridad: La incomunicación prolongada y la presión psicológica constituyen tratos crueles e inhumanos.

Debido proceso: No se respetaron los procedimientos legales mínimos, como la presentación de una orden válida de detención o la instrucción de cargos en el plazo establecido.

El caso de Yaquelín García Jaén no es un hecho aislado; forma parte de un patrón de represión contra activistas y opositores políticos en Cuba. Denunciar estas situaciones es fundamental para visibilizar las tácticas represivas y exigir el respeto de los derechos humanos en el país.

Como sociedad civil, es crucial mostrar solidaridad con quienes enfrentan estas violaciones y exigir a las autoridades el cumplimiento de sus propias leyes y compromisos internacionales. Acciones como compartir esta información, participar en campañas de denuncia y apoyar a las familias de las víctimas pueden marcar la diferencia.