El prisionero político Roberto Pérez Fonseca, que cumple condena en la prisión de Quivicán, en Mayabeque, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, está atravesando una crisis debido a las úlceras estomacales que padece, sin recibir la atención médica adecuada.
A pesar de presentar vómitos durante varios días y un dolor persistente, en el centro penitenciario no cuentan con los medicamentos necesarios para tratar su crítica situación de salud. Es preocupante que, a pesar de estas condiciones, las autoridades penitenciarias se nieguen a trasladarlo a un hospital para recibir la atención médica especializada que requiere el prisionero político.
La negativa deliberada a brindar atención médica, incluso cuando los síntomas persisten, podría ser interpretada como una forma de infligir dolor intencionadamente. Además, la denegación de atención médica contraviene los principios establecidos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el derecho de los reclusos a recibir un trato digno.
El respeto y el bienestar de las personas privadas de la libertad son derechos fundamentales reconocidos en el derecho internacional. Es crucial que la salud y el bienestar de los reclusos sean una prioridad, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar estos derechos.
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