Roleivis León, la primera persona privada de libertad en perder la vida este año mientras se encontraba bajo la custodia del Estado cubano, generó una profunda preocupación. León estaba recluido en la prisión de Canaleta, en Matanzas, por un delito relacionado con una salida ilegal del país.

Según denuncias difundidas en redes sociales, León se había declarado en huelga de hambre, sin que hayan trascendido los motivos, lo que provocó una respuesta violenta por parte del teniente coronel Juan Alberto García, conocido como “Araña”, un alto oficial del centro penitenciario. 

A principios de enero, el recluso fue trasladado al hospital Mario Muñoz Monroy, en el municipio Colón, debido a su estado físico tras la brutal golpiza. En dicho centro médico, se le mantuvo en aislamiento, donde finalmente falleció. 

Aunque las autoridades determinaron que la causa del fallecimiento fue una “meningo fulminante”, de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, la familia aún no ha recibido información detallada sobre las circunstancias que provocaron el trágico desenlace.  

El Estado tiene la obligación de esclarecer las circunstancias de la muerte mientras el recluso estaba bajo custodia estatal. Es responsabilidad del Estado llevar a cabo una investigación exhaustiva y que transparente los eventos que condujeron al fallecimiento de León. 

Resulta alarmante observar que, según los registros de Cubalex, se documentaron un total de 30 muertes bajo custodia estatal en los años 2022 y 2023, de las cuales 23 ocurrieron dentro de las cárceles. 

Estas cifras revelan un patrón perturbador de violencia y maltrato por parte de los guardias penitenciarios hacia los reclusos. Es necesario abordar este problema estructural y las autoridades deben tomar medidas concretas para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario en Cuba.