Desde Cubalex, analizamos el procesamiento judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos. Este escenario no solo es una noticia de impacto global, sino una lección sobre qué es y qué no es un Estado de Derecho. A continuación, el equipo legal responde a algunas interrogantes que han circulado en la última semana tras los sucesos en Venezuela.
¿Puede un dictador tener un juicio justo?
La respuesta jurídica es sí. Aunque Maduro se declare prisionero de guerra, el sistema federal estadounidense garantiza derechos que él, sistemáticamente, desmanteló en Venezuela.
Cabe destacar que Maduro cuenta con abogados de su elección y acceso a un equipo legal de alto nivel; enfrenta audiencias públicas con registro oficial y presencia de medios. Por último, el Estado debe probar su culpabilidad “más allá de toda duda razonable”.
El abismo entre dos sistemas: garantías vs. Arbitrariedad
Para entender la magnitud de lo que ocurre hoy con Nicolás Maduro, debemos observar el profundo contraste entre el sistema que lo juzga y el que él mismo lideró. Esta “ironía institucional” se manifiesta en tres pilares fundamentales que definen la dignidad humana frente al poder del Estado.
– El blindaje del debido proceso
Mientras que en Estados Unidos el debido proceso es un derecho constitucional inalienable, bajo la gestión de Maduro en Venezuela este concepto fue vaciado de contenido. Para los presos políticos venezolanos, el sistema penal no fue una vía hacia la justicia, sino una herramienta de intimidación y control político. En cambio, Maduro y su esposa hoy se benefician de un proceso con plazos definidos y la obligación del Estado de demostrar su culpabilidad, un estándar que su régimen violó a los ciudadanos venezolanos y de otros países, particularmente a los presos políticos.
– La humanización del recluso frente a la tortura
Uno de los contrastes más dolorosos radica en la integridad física. Bajo el mando de Maduro, centros como “El Helicoide” se convirtieron en símbolos de tortura, tratos crueles y una negación sistemática de atención médica básica. Paradójicamente, el propio Maduro hoy se encuentra bajo protocolos estrictos de seguridad y salud, donde el respeto a su integridad física es vigilado por la misma justicia que él enfrenta, prohibiendo cualquier forma de trato degradante.
– Independencia judicial vs. justicia cooptada
Finalmente, la diferencia clave reside en quién sostiene el mazo. El juicio de Maduro es presidido por un juez federal independiente, cuya carrera no depende de los deseos del Poder Ejecutivo. Esto contrasta radicalmente con la realidad que enfrentaron (y enfrentan) los perseguidos políticos en Venezuela, donde jueces y tribunales fueron cooptados y alineados con las órdenes de Miraflores, convirtiendo los juicios en meras formalidades para validar detenciones arbitrarias.
En resumen, la justicia que reciben Nicolás Maduro y su esposa actualmente es la prueba más fehaciente de la superioridad de la democracia y el Estado de Derecho sobre la autocracia. Al garantizar sus derechos, el sistema judicial no solo lo juzga a él, sino que reivindica el valor de la ley que él anuló en Venezuela.