Cubalex alerta sobre violaciones al debido proceso en la tramitación de la licencia extrapenal por razones de salud solicitada a favor del prisionero político Yosvany Rosell García Caso, recluido en la Prisión Provincial de Holguín.
El 22 de diciembre, Mailín Sánchez, esposa de Yosvany Rosell García Caso, presentó formalmente ante el Tribunal Popular Provincial de Holguín una solicitud de licencia extrapenal debido al delicado estado de salud del preso político, quien recientemente estuvo en peligro de muerte tras una huelga de hambre de 40 días.
Negativa del tribunal a emitir acuse de recibo
Durante la presentación del escrito, el personal del tribunal se negó a firmar la copia de la solicitud, impidiendo la emisión de un acuse de recibo que acreditara la fecha oficial de presentación. Esta práctica vulnera garantías mínimas del debido proceso, al dejar a la familia en indefensión jurídica y sin posibilidad de exigir el cumplimiento de los plazos legales.
“Esta negativa a entregar un comprobante oficial o firmar la copia con la fecha de presentación no es un descuido, sino una maniobra calculada para generar indefensión. Al no existir un documento que demuestre de manera fehaciente la fecha de presentación, el tribunal bloquea la posibilidad de que la familia pueda reclamar o interponer recursos legales una vez vencidos los términos establecidos por ley”, advirtió Alain Espinosa, abogado de Cubalex.
La ausencia de un acuse de recibo permite al tribunal dilatar arbitrariamente el procedimiento, en contravención de los principios de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. En ese sentido, el abogado explica que “sin una fecha de inicio legalmente acreditada, el proceso queda en un limbo jurídico que permite al tribunal extender los plazos a su antojo sin enfrentar consecuencias legales”.
Manipulación de los plazos legales
Otra de las irregularidades detectadas es la información incorrecta proporcionada por funcionarios del tribunal a la esposa del preso político, a quien se le indicó que la respuesta a la solicitud podría demorar hasta 90 días, una afirmación contraria a la normativa vigente.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley 152 de Ejecución Penal (Decreto-Ley 74/2023), los plazos aplicables son claramente distintos:
- El tribunal debe resolver la solicitud en un plazo de 10 días contados a partir de la recepción del dictamen médico.
- La comisión médica dispone de hasta 30 días para emitir dicho dictamen, prorrogables únicamente en casos excepcionales.
La imposición de un plazo genérico de “tres meses” como regla general constituye una interpretación arbitraria y malintencionada, orientada a dilatar un trámite urgente en un caso donde la vida de una persona bajo custodia estatal se encuentra en riesgo, explicó Espinosa.
Exigencias ilegales y revictimización de la familia
El tribunal exigió a la esposa del preso político la presentación del resumen médico, pese a que las autoridades penitenciarias se han negado reiteradamente a entregarlo, alegando que es información exclusiva para la autoridad judicial.
La ley establece que corresponde al tribunal solicitar dicho informe a la comisión médica. Trasladar esta carga a la familia constituye una forma de revictimización, evidencia un uso abusivo del poder estatal y obstaculiza el acceso a la justicia.
Violaciones al derecho a la salud
Yosvany Rosell García Caso cumple una condena de 15 años de prisión por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio de 2021. Durante la huelga de hambre que sostuvo entre el 23 de octubre y el 1.º de diciembre, fue internado en estado crítico en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en la ciudad de Holguín.
Pese a la gravedad de su condición, el 12 de diciembre fue devuelto al régimen penitenciario de máximo rigor, sin que se garantizaran condiciones mínimas para su recuperación ni un seguimiento médico adecuado, lo que expuso nuevamente su vida y su integridad física a un riesgo significativo.
Desde ese momento, a la familia se le ha negado el acceso al expediente médico y a información detallada sobre su estado de salud. Funcionarios del centro hospitalario informaron que dicha documentación solo estaría disponible para las autoridades del sistema penitenciario por tratarse de una persona privada de libertad, una práctica que vulnera estándares básicos del derecho a la salud.
Durante una visita realizada el 17 de diciembre, su esposa constató que García Caso permanece aislado, sin acceso a información, con alimentación deficiente y limitado acceso al agua, condiciones que comprometen gravemente su recuperación tras una huelga de hambre prolongada.
El deterioro físico que presenta es evidente: se encuentra muy pálido, visiblemente delgado y con problemas estomacales provocados por el consumo de agua no potable. Además, la familia permaneció varios días sin información sobre su estado, ya que no se le permitió comunicarse por teléfono tras su traslado a prisión.
La negación sistemática de información médica al paciente y a su familia constituye una grave violación de derechos humanos que afecta directamente el derecho a la salud, la autonomía personal y la dignidad humana. Al impedir el acceso a información esencial, se invalida el consentimiento informado, se elimina un mecanismo de protección frente a posibles negligencias médicas y se obstruye la rendición de cuentas, socavando la transparencia indispensable para una reparación efectiva y para la protección de la vida de la persona bajo custodia estatal.
Responsabilidad estatal
Las actuaciones documentadas evidencian un patrón de incumplimiento deliberado de las obligaciones legales por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias, que compromete la responsabilidad del Estado cubano por no garantizar la vida, la integridad y la salud de una persona bajo su custodia.
Cubalex continuará documentando este caso y exige al Tribunal Popular Provincial de Holguín el cumplimiento estricto de la ley y una tramitación inmediata y transparente de la solicitud de licencia extrapenal de Yosvany Rosell García Caso.