Penal de máxima seguridad Combinado del Este, ubicado en La Habana. Foto: EFE.
Denuncias documentadas por Cubalex durante 2025 apuntan a un patrón de tráfico interno de drogas, complicidad de funcionarios y desprotección total para las personas privadas de libertad. Los reportes confirman que drogas altamente peligrosas —incluido “el químico”— circulan dentro de varias prisiones del país, con conocimiento e incluso participación de funcionarios penitenciarios y agentes de la Seguridad del Estado. La falta de control estatal y la intervención directa de estos funcionarios en el ingreso y distribución de drogas agravan la vulnerabilidad y los abusos contra la población penal en Cuba.
1. Prisión 1580 (San Miguel del Padrón, La Habana)
Cubalex recibió información sobre la circulación y consumo de la droga conocida como “el químico” dentro de la prisión 1580, conocida como El Pitirre. Según la denuncia, la droga circula entre reclusos y guardias, sin control alguno. Además, en el penal las condiciones son inhumanas: violencia extrema, desnutrición, malos tratos, falta total de atención médica y corrupción sistemática.
Estos elementos agravan un entorno ya de por sí violento y confirman la falta absoluta de supervisión y protección para las personas privadas de libertad.
El activista Ohauris Rondón Rivero, excarcelado en febrero de 2025 durante las negociaciones del régimen con el Vaticano, declaró a CubaNet Noticias que, además de las duras condiciones de la prisión 1580 —donde estuvo recluido— y los malos tratos de las autoridades hacia los reclusos, existe una profunda corrupción entre los guardias del penal. Según afirmó, es la propia policía quien introduce la droga en la prisión y se la entrega a los reclusos para que la vendan y la consuman.
2. Combinado del Este (La Habana)
Varios reportes públicos revelan una red consolidada de tráfico de drogas dentro del penal de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, operando con total impunidad.
El activista Marcel Valdés denunció que los propios guardias del Combinado distribuyen drogas conocidas como “el químico” o “papelito” y alertó: “Esa misma sustancia está destruyendo a la población cubana en las calles; ahora está dentro de las cárceles, siendo distribuida por el mismo régimen”.
La página de Facebook “Nio reportando un crimen” expuso que en el Edificio 2 del penal funciona una red de narcotráfico dirigida por un recluso protegido por funcionarios de alto rango. Según la denuncia, esta red incluye la venta de crack, marihuana, químicos y pastillas; la introducción de armas de fuego adquiridas con el dinero de la droga; y la siembra de sustancias a reclusos que se niegan a colaborar, con la complicidad de los oficiales.
Un reporte difundido por ClickCuba reveló que Osvaldo Same, conocido como “Tutico” y condenado por asesinato, actúa como brazo ejecutor de la Seguridad del Estado dentro del penal. Además de ejercer funciones de control y represión con autoridad delegada por funcionarios penitenciarios, dirige un mercado interno de drogas, comida y otros bienes. Bajo esta protección, ha consolidado un negocio de tráfico de sustancias y productos que circulan con total impunidad.
Todo esto —confirma el reporte— ocurre bajo la protección de los oficiales de la prisión, quienes, en lugar de impedir estas prácticas, las permiten y las facilitan.
3. Campamento Ho Chi Minh (Jaruco, Mayabeque)
Marta Perdomo denunció que en el campamento Ho Chi Minh le negaron a su hijo, el preso político Jorge Martín Perdomo, el acceso a los libros bajo el argumento de que podrían utilizarse para introducir “el químico”, aun cuando las drogas continúan circulando dentro del penal.
4. Prisión de Aguacate (Quivicán, Mayabeque)
En este centro penitenciario, una denuncia pública señala a funcionarios directamente involucrados en tráfico de drogas y prácticas de extorsión.
La reeducadora Aniela Isaac de la Rosa (alias “Sindy”) fue señalada por introducir pastillas y otras drogas para su beneficio personal, así como de manipular a los presos para obtener electrodomésticos, comida y ropa. También se le señala por desviar alimentos destinados a los reclusos para su propia familia.
Su esposo, Enaudis Reinosa, capitán y jefe de reducción, habría convertido sus funciones en un negocio: cobra “mínimas” y permisos, y vende el derecho a realizar llamadas telefónicas.
Según la denuncia, la Seguridad del Estado tiene pleno conocimiento de estos hechos, pero no interviene.
5. Prisión Ivanov (El Cotorro, La Habana)
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto, recluido en la prisión Ivanov, denunció que la policía introduce drogas dentro del penal, las cuales son luego revendidas por los propios carceleros. Según su testimonio, el jefe de la prisión conoce estas prácticas, pero la corrupción y el miedo a represalias impiden cualquier intervención.
6. Prisión “Cuba Sí” (Holguín)
Una denuncia pública sobre la prisión de máxima seguridad “Cuba Sí” describe un panorama extremo, marcado por el consumo extendido de drogas —incluidas sustancias duras que circulan sin control— y por muertes por sobredosis y negligencia médica, con al menos seis reclusos fallecidos en 2024. El testimonio señala además que médicos y personal sanitario participan en intercambios ilícitos con guardias, que los medicamentos son desviados al mercado negro y que la población penitenciaria sufre hambre extrema debido al robo sistemático de alimentos, en un contexto de condiciones de vida inhumanas. Según la denuncia, altos funcionarios del sistema penitenciario, incluidos coroneles y tenientes coroneles, conocen estos abusos y permiten que continúen con impunidad.
Los casos registrados por Cubalex, junto con las múltiples denuncias públicas recopiladas, evidencian un patrón estructural de violaciones dentro del sistema penitenciario cubano, en el que:
– Drogas peligrosas son introducidas por guardias, funcionarios y agentes del Estado, alimentando mercados internos ilegales.
– Operan redes internas de tráfico de drogas, armas y bienes, protegidas por mandos altos que garantizan su continuidad e impunidad.
– Los reclusos que no cooperan son extorsionados, castigados o incriminados falsamente, utilizando la siembra de sustancias como mecanismo de control.
– La corrupción es generalizada: se venden llamadas, alimentos, permisos y “mínimas” como parte de un sistema informal de extorsión.
– La negligencia médica y la violencia institucional han provocado muertes evitables, incluyendo fallecimientos por sobredosis y falta de atención médica.
– Las personas privadas de libertad están completamente desprotegidas, expuestas a riesgos extremos creados y sostenidos por la propia estructura penitenciaria.
El Estado cubano tiene la obligación de garantizar la vida, la salud y la integridad de todas las personas bajo su custodia. Permitir —o facilitar— la entrada y circulación de drogas en las prisiones no solo constituye una violación grave de derechos humanos, sino que además expone a la población penal a riesgos extremos, incluidos intoxicaciones, sobredosis y daños irreversibles a su salud.
Es importante destacar que estos son algunos casos registrados a partir de denuncias documentadas durante 2025. Sabemos que existen más casos que no llegan a la luz pública debido al miedo a represalias dentro de los penales y contra las familias. Si usted conoce situaciones similares, ha sido testigo o desea reportar un caso de forma segura, puede comunicarse con nuestro equipo. Su testimonio es fundamental para visibilizar estas violaciones y avanzar hacia la rendición de cuentas. Cubalex garantiza confidencialidad y acompañamiento legal gratuito.