El opositor y preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue excarcelado este 13 de octubre de 2025 y viajó junto a parte de su familia hacia Estados Unidos, tras aceptar el destierro forzado impuesto por el régimen cubano como condición para su liberación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial en el que intenta presentar este exilio forzado como una salida voluntaria “en el marco de las formalidades de aplicación y cumplimiento de la ley”. Sin embargo, omite que Ferrer fue víctima de encarcelamiento arbitrario, torturas, tratos crueles y una persecución política constante, acompañada de amenazas, detenciones y hostigamiento permanente contra él y su familia.
El Estado cubano elude su responsabilidad en las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas contra Ferrer y en el uso del destierro como mecanismo de represión política. Obligar a una persona a abandonar su país bajo coacción, tras años de tortura y aislamiento, constituye una violación del derecho internacional. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe expresamente la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que el artículo 12 reconoce el derecho de toda persona a circular libremente y a permanecer en su propio país.
José Daniel Ferrer recibió en enero de 2025 un beneficio de excarcelación anticipada que posteriormente fue revocado, bajo el argumento de supuestos “quebrantamientos de obligaciones”. Sin embargo, Cubalex denunció que el Estado cubano utilizó de manera instrumental la figura de la libertad condicional con fines represivos, en contravención del principio de legalidad y del debido proceso. La revocación de ese beneficio se basó en presuntos incumplimientos de condiciones que nunca fueron impuestas formalmente ni aceptadas por Ferrer, lo que evidencia el carácter arbitrario de la medida. El 29 de abril de 2025, fue detenido nuevamente en condiciones de incomunicación, desaparición forzada y sin garantías legales, prolongando el patrón de persecución y castigo político en su contra.
El comunicado del MINREX, al insistir en el supuesto “compromiso del Estado cubano con la aplicación de la ley y la protección de los derechos de todas las personas”, pretende encubrir años de represión y violencia institucional contra Ferrer, encarcelado y hostigado por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política, no por quebrantar ninguna ley legítima.
El exilio forzado constituye una política de Estado en Cuba. No responde a una decisión voluntaria o migratoria, sino que es una consecuencia directa del temor fundado a represalias y persecución por parte de las autoridades. El Estado cubano carece de mecanismos de protección y de recursos legales efectivos para salvaguardar los derechos de las personas perseguidas, lo que obliga a numerosos activistas, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos a abandonar el país como única vía para preservar su integridad.
A ello se suma la estigmatización constante de quienes se ven forzados a partir, reforzada por discursos oficiales y propaganda estatal que los presentan como traidores o enemigos. Por estas razones, Cuba incurre en responsabilidad internacional al generar las condiciones que hacen imposible la permanencia de estas personas en su país de origen y al emplear el exilio forzado como parte de un patrón sistemático de represión política.
Desde Cubalex, reiteramos que el exilio forzado es una forma de castigo político y una violación de los derechos fundamentales.
Exigimos el fin del exilio forzado y de todas las formas de persecución contra la disidencia, y llamamos al régimen cubano a garantizar el derecho de todas las personas a vivir, expresarse y defender los derechos humanos libremente en su propio país, sin represalias ni condicionamientos.