Foto: NanDoo ObDc/Facebook.
La Fiscalía General de la República de Cuba presentó una petición de seis años de prisión contra el artista y activista Fernando Almenares Rivera, conocido en redes sociales como Nando OBDC, bajo el cargo de propaganda contra el orden constitucional, según el expediente EFP 19-2025 con fecha del 17 de junio de 2025. En el día de hoy, Cubalex tuvo acceso a la documentación oficial del caso, la cual revela contradicciones graves entre la acusación, las pruebas y los hechos investigados.
Un registro por “sabotaje” que terminó en acusación por “propaganda”
De acuerdo con el Auto de Registro emitido el 2 de enero de 2025 por el Capitán David Hall Vidue, del Ministerio del Interior, la orden de entrada y registro en el domicilio de Nando OBDC, ubicado en La Lisa, La Habana, se sustentó en indicios de un presunto delito de sabotaje. El acta resultante del procedimiento solo consigna la ocupación de una bandera cubana con ribetes dorados, sin hallazgos relacionados con materiales de propaganda.
A pesar de ello, meses después la Fiscalía formuló una acusación por propaganda contra el orden constitucional, basándose en una supuesta acción artística: pintar consignas como “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos” en fragmentos de tela y colocarlas en la vía pública. Según el documento fiscal, los hechos habrían ocurrido en agosto de 2024, aunque la detención se produjo el 31 de diciembre del mismo año, lo que muestra una cronología incongruente y debilita la coherencia de la acusación.
Un expediente construido sobre pruebas circunstanciales
En su petición, la Fiscalía sostiene que Nando OBDC actuó siguiendo instrucciones de un ciudadano cubanoamericano y que recibió 200 dólares como pago por los “servicios prestados”. Sin embargo, no se presenta evidencia de comunicación entre ambos ni prueba directa de que el artista haya elaborado o colocado los carteles.
Las principales pruebas descritas son:
- Un peritaje documentológico, que concluye que los textos manuscritos en los fragmentos de tela coinciden con muestras caligráficas atribuidas al acusado, aunque no se especifica cómo fueron obtenidas ni en qué momento.
- Un acta de ocupación, donde solo se consigna la retención de un teléfono celular y 545 pesos cubanos, sin referencia a los supuestos carteles.
- Testimonios indirectos, como el de un transeúnte que observó carteles en la vía pública, pero no vio a Nando colocarlos.
En conjunto, la evidencia presentada es circunstancial e indirecta, sin demostrar la existencia del acto material ni el dolo necesario para el tipo penal aplicado.
Una acusación desproporcionada y contraria a la libertad de expresión
El artículo 124 del Código Penal sanciona la “propaganda contra el orden constitucional” con penas de tres a ocho años de prisión. No obstante, su redacción ambigua permite criminalizar manifestaciones pacíficas de disenso. En este caso, los supuestos actos de Nando OBDC, la creación de mensajes en tela con contenido político, constituyen una forma de expresión simbólica protegida por el derecho internacional de los derechos humanos.
Fuentes cercanas a la familia indican que la verdadera causa de su detención podría estar relacionada con los videos que publicó sobre el consumo de drogas sintéticas, conocidas como “El Químico”, entre jóvenes cubanos, un tema que generó incomodidad en las autoridades. Esta versión contrasta con la narrativa fiscal, centrada en la supuesta vinculación con organizaciones en el extranjero.
Un patrón de criminalización del disenso artístico
El caso de Nando OBDC se inserta en una tendencia creciente del uso del sistema penal para reprimir el activismo artístico y la libertad de expresión en Cuba. Desde 2021, numerosos creadores han sido procesados bajo figuras vagas como propaganda enemiga, desacato o desórdenes públicos, sin pruebas que demuestren acciones violentas o incitación al odio.
Actualmente, Nando OBDC se encuentra en prisión provisional en la Prisión Cuba-Panamá,, sin que la Fiscalía haya presentado pruebas directas que justifiquen su acusación. Las inconsistencias del expediente, desde el motivo inicial del registro hasta la falta de relación entre las pruebas y el delito imputado, evidencian violaciones al debido proceso y al principio de legalidad penal.
Cubalex exige transparencia y respeto a las garantías judiciales
Cubalex exhorta a las autoridades cubanas a garantizar el acceso a la defensa, la publicidad del proceso y la revisión imparcial de la acusación, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, llama a la comunidad internacional a mantener vigilancia sobre el caso y a respaldar a los artistas y activistas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en Cuba.
“El expediente contra Fernando no demuestra un delito, sino el uso del derecho penal como herramienta de castigo político”, afirmó una integrante del equipo jurídico de Cubalex.