Estudiantes del IPVCE Máximo Gómez, en Camagüey, firman una declaración política del régimen cubano en apoyo a Venezuela. Foto: Roberto Conde Silverio/Facebook.

A finales de septiembre, en escuelas de Cuba se pidió a niñas, niños y adolescentes que firmaran una declaración política en apoyo al gobierno de Venezuela y a su presidente. Muchos no entendían de qué se trataba, pero aun así se les presionó para estampar su firma.

La situación es especialmente grave en el caso de los más pequeños, que no tienen la edad suficiente para comprender hechos ocurridos en otro país. En los adolescentes, además, se recurrió a la amenaza: si no firmaban, podían ser etiquetados como contrarrevolucionarios, una etiqueta que en Cuba no es un simple apodo, sino un estigma que conlleva discriminación, pérdida del derecho a estudiar e incluso persecución política o cárcel.

Todo ello revela el uso de la escuela por parte del Estado —que debería ser un espacio de aprendizaje y desarrollo—, como instrumento de propaganda. En lugar de garantizar buenos maestros, materiales y condiciones de estudio, se destinan recursos para obligar a los estudiantes a apoyar causas políticas que no entienden y que no les corresponden.

¿Por qué esto es una violación de derechos?

Desde temprana edad, los menores son forzados a formar parte de un relato político estatal, en contraposición  a lo que establecen las normas de derechos humanos.

• Interés superior del niño: significa que, en toda decisión que les afecte, debe prevalecer lo que sea mejor para su bienestar. Por ejemplo, si una familia debe mudarse, piensa primero en cómo afectará la escuela o la salud de los hijos. El Estado cubano, en lugar de proteger a los menores, los expone a presiones y amenazas.

• Derecho a expresar su opinión: los tratados internacionales dicen que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a opinar y que esas opiniones deben ser tomadas en cuenta según su edad y madurez. Obligarles a firmar un documento que no comprenden es negarles ese derecho.

• Derecho a la educación: aprender en un entorno seguro, con maestros capacitados y sin presiones políticas. Cuando el Estado sustituye la enseñanza de calidad por el adoctrinamiento, está violando este derecho.

Imagen tomada del perfil en Facebook del periodista José Raúl Gallego

¿Qué consecuencias tiene?

La presión ejercida sobre los adolescentes para que firmen, bajo amenaza de ser castigados o expulsados, constituye una forma de violencia psicológica que afecta su confianza, su libertad de pensamiento y su derecho a desarrollarse como personas libres.

Además, se les está obligando a tomar partido en un tema que no guarda relación con Cuba, sino con Venezuela, lo que evidencia que el objetivo no es la educación, sino el adoctrinamiento y la manipulación política.

En resumen, las niñas, los niños y los adolescentes en Cuba son utilizados como instrumentos de propaganda: el Estado antepone sus intereses políticos por encima de sus derechos fundamentales.