El juicio contra los manifestantes de Encrucijada, detenidos arbitrariamente desde hace más de diez meses, quedó concluso para sentencia este 24 de septiembre de 2025, confirmó a ADN un familiar del preso político José Gabriel Barrenechea.
Según la fuente, que estuvo presente en el Tribunal de Santa Clara, la audiencia se extendió hasta las 8:00 p.m. La defensa expuso con solidez las inconsistencias de la acusación fabricada por la Seguridad del Estado.
Militarización y ambiente de hostigamiento
La sala donde se desarrolló el juicio estaba fuertemente militarizada: 17 efectivos en total, entre ellos cuatro reclutas del Servicio Militar y trece integrantes de las tropas especiales conocidas como Boinas Negras, armados con pistolas.
Cubalex recibió información de que únicamente se permitió la entrada de cuatro familiares por cada detenido, en un ambiente de hostigamiento que buscaba transmitir la imagen de que los acusados eran criminales peligrosos.
Petición fiscal y acusaciones desproporcionadas
Seis manifestantes enfrentan condenas de entre cinco y nueve años de cárcel por el supuesto delito de “desórdenes públicos”, simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica.
La Fiscalía solicitó las siguientes penas:
- 9 años para Yandri Torres Quintana
- 9 años para Rafael Javier Camacho Herrera
- 6 años para José Gabriel Barrenechea Chávez
- 5 años para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa
- 4 años para Yuniesky Lorences Domínguez
- 5 años de limitación de libertad para Marcos Daniel Díaz Rodríguez
El derecho a la protesta pacífica
Las protestas del 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada, Villa Clara, fueron una legítima expresión de descontento ante el colapso energético y la falta de soluciones por parte del régimen. No hubo violencia ni enfrentamientos: las personas ejercieron de manera pacífica su derecho a exigir una vida digna.
Criminalizar la protesta social constituye una violación grave de los estándares internacionales de derechos humanos, incluidos el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación ciudadana, reconocidos en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Cuba es Estado parte.
Conclusión
Este juicio refleja un patrón sistemático de represión en Cuba, donde se criminaliza el ejercicio pacífico de derechos fundamentales y se utilizan los tribunales para legitimar procesos fabricados por la Seguridad del Estado.
Protestar no es un crimen, es un derecho.
Cubalex dará seguimiento y actualizará la información cuando se dicte la sentencia.