El 4 de septiembre de 2024, en Güira de Melena, provincia de Artemisa, fue detenido de manera arbitraria el ex preso político y activista Miguel Guerra Hasty, integrante del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) y gestor del Proyecto Emilia.
Según información recibida por Cubalex, fue trasladado a la unidad policial local, donde un teniente coronel de la Seguridad del Estado lo sometió a un interrogatorio intimidante y lo amenazó. Durante el mismo, lo acusó a él y a Carlos Manuel Pupo Rodríguez, coordinador nacional del PUNCLI, de estar supuestamente vinculados con la explosión ocurrida en la termoeléctrica de la zona, hecho que dejó sin electricidad a la población durante varios días.
Guerra Hasty permaneció retenido aproximadamente una hora y media, bajo un constante hostigamiento y amenazas de golpiza, hasta que finalmente fue liberado. A pesar de ello, la comunidad sigue bajo fuerte vigilancia policial.
El oficial también le advirtió que debía abandonar Güira de Melena, donde residen varios de sus familiares, y regresar de inmediato a Holguín, su lugar de residencia oficial. Cabe recordar que, tras cumplir una condena en 2022, un tribunal lo declaró “deportado” de Güira de Melena, prohibiéndole regresar al municipio. En esta reciente detención, el teniente coronel reiteró dicha prohibición con nuevas amenazas, advirtiéndole que, de no marcharse, “no lo iba a pasar muy bien”.
El activista estuvo retenido alrededor de una hora y media, tiempo en el que fue objeto de hostigamiento constante y amenazas de golpiza. Finalmente fue liberado, aunque permanece bajo vigilancia policial en su comunidad.
Un patrón de represión
Este caso refleja un patrón sistemático de intimidación y criminalización contra opositores pacíficos en Cuba. El régimen utiliza la detención arbitraria como herramienta para silenciar voces críticas y defensores de derechos humanos, reforzando el clima de miedo y represión.
Cubalex alerta a la comunidad nacional e internacional sobre este hecho y reitera que la detención arbitraria y las amenazas contra activistas constituyen graves violaciones a los derechos humanos reconocidos universalmente.