Redacción Cubalex

En un nuevo capítulo del uso del aparato judicial cubano para reprimir voces disidentes, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, volvió a quedar en evidencia. A través de la Televisión Cubana, en compañía del presentador oficialista Humberto López, respaldó la detención ilegal del reconocido opositor cubano José Daniel Ferrer García, en un acto que diversos juristas y activistas califican de “farsa judicial”.

La denuncia sobre este atropello fue realizada por el abogado de Cubalex, Julio Alfredo Ferrer Tamayo, quien publicó un detallado análisis en su perfil de Facebook, acompañado de las evidencias documentales que demuestran la arbitrariedad de la detención. La publicación¹ ha generado un amplio debate y fuerte condena entre juristas, defensores de derechos humanos y la ciudadanía.

Un montaje sostenido por el poder judicial y mediático

En su intervención televisiva el pasado 29 de abril, Maricela Sosa Ravelo aseguró que Ferrer había violado las condiciones de su libertad condicional y no había cumplido totalmente su sanción. Sin embargo, el abogado Julio Ferrer expuso que esto es rotundamente falso.

“José Daniel extinguió totalmente y con creces la sanción impuesta, pero las autoridades insisten en mantenerlo en prisión ignorando el tiempo cumplido en prisión provisional y en limitación de libertad”, expuso en su publicación.

El propio Ferrer narró cómo la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba revocó indebidamente la limitación de libertad de Ferrer sin computar debidamente los períodos ya cumplidos. Incluso detalló que las reclamaciones presentadas ante la Sala Especial del Tribunal Supremo fueron rechazadas en un proceso que careció de transparencia y garantías.

La hipocresía institucional: Maricela Sosa Ravelo en el centro de la controversia

La figura de Maricela Sosa Ravelo emerge en esta historia como símbolo de la degradación del sistema judicial cubano. No es la primera vez que su nombre se asocia a irregularidades procesales. Según reveló Ferrer en Facebook:

“Contra la Magistrada Maricela Sosa Ravelo, presenté ante la extinta Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo, varias demandas por acciones ilícitas […] tales como la falsificación de una sentencia.”

Sin embargo, estas demandas nunca fueron tramitadas. Sosa Ravelo, lejos de enfrentar consecuencias, fue promovida. Esto sugiere que su capacidad para “mutar la verdad” en favor de las autoridades se ha convertido en una credencial para escalar dentro del sistema de justicia.

Para muchos, esto revela una grave contradicción entre el discurso oficial, que proclama respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho, y la práctica, que refleja un uso político de las instituciones judiciales. Como apuntó Ferrer en su publicación:

“Este es tan solo un ejemplo de la transparencia y la probidad, que, según las autoridades cubanas, caracteriza a la administración de justicia en Cuba”.

Reacciones: un reflejo de la impunidad

Los comentarios en la publicación de Julio Ferrer reflejan el sentimiento de indignación. Algunos usuarios señalaron directamente la falta de ética de Sosa Ravelo:

“Maricela Sosa Ravelo debe ser una pésima persona para ser parte del mecanismo de la dictadura cubana que tritura la vida de los opositores cubanos y sus familias”, expresó Oscar Casanella.

Otros destacaron la práctica sistemática de la injusticia:

“Para variar!!!!. Práctica habitual de nuestras autoridades en general”, opinó Marienys Pavó.

Incluso, se sugirió la posibilidad de llevar el caso ante otras instancias:

“Accionar en esta por partida doble: ante el Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios […] y ante el Departamento de Protección a los Derechos Ciudadanos”, propuso Jose R. Garcia.

Un caso que deja al descubierto la maquinaria del régimen

El caso de José Daniel Ferrer García no es aislado. Representa, según activistas y juristas, el patrón represivo con que se castiga a quienes ejercen el derecho a la disidencia en Cuba. La colaboración de altos cargos judiciales y figuras mediáticas es esencial para sostener este andamiaje de represión institucionalizada.

La actuación de Maricela Sosa Ravelo no solo exhibe su falta de apego al deber y la ética judicial, sino que ilustra cómo las más altas esferas del poder judicial son cómplices directas de las violaciones de derechos humanos en la isla.

Como sintetizó un usuario en los comentarios:

“Les cuesta trabajo reconocer una mala práctica en la justicia de este país, eso se ha hecho costumbre porque son protegidos y hasta con reconocimientos públicos, no hay vergüenza”.

El caso de José Daniel Ferrer García, tal como ha sido expuesto por el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo, no solo documenta una detención ilegal, sino que retrata con precisión el funcionamiento de un sistema judicial utilizado como herramienta de represión política en Cuba. La actuación de Maricela Sosa Ravelo, lejos de ser una excepción, confirma la existencia de una estructura de poder que perpetúa la impunidad a través de la complicidad entre figuras judiciales y mediáticas.

Este caso ilustra cómo las instituciones encargadas de garantizar justicia se convierten en pilares de una maquinaria de control, desvirtuando su misión constitucional. Al mismo tiempo, la reacción ciudadana y el debate generado en redes sociales muestran que el descrédito de estas prácticas es cada vez más evidente y que existe una demanda creciente de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos fundamentales.

Frente a la narrativa oficial, los hechos documentados y las voces críticas revelan que la justicia, en lugar de proteger a la ciudadanía, está siendo instrumentalizada para castigar la disidencia. Y mientras esto persista, la denuncia y la visibilización seguirán siendo herramientas esenciales en la lucha por un Estado de derecho en Cuba. 

1. 1. Este artículo se basa en la publicación realizada por el abogado Julio Alfredo Ferrer Tamayo en su perfil de Facebook, en el que compartió evidencias documentales que sostienen sus afirmaciones. Las imágenes y documentos fueron puestos a disposición del público para respaldar sus denuncias. ↩︎