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Tribunal impone nuevas restricciones al preso político Félix Navarro Rodríguez

23/04/2025 / Alertas, Cubalex

Foto: Radio Televisión Martí.

Félix Navarro Rodríguez, preso político y líder opositor cubano, fue citado el 22 de abril de 2025 ante el Tribunal Municipal de Perico, Matanzas, tras haber dejado su trabajo debido a repetidas detenciones arbitrarias cada domingo por intentar asistir a misa. El tribunal le impuso nuevas restricciones bajo la amenaza de revocar su libertad condicional. Navarro denunció el carácter represivo y sancionador del sistema judicial cubano y afirmó que no acatará órdenes que vulneren su derecho a la libertad religiosa.

Un proceso irregular y punitivo

De acuerdo con información recibida por Cubalex, Navarro llegó puntualmente a las 7:57 a.m., pero no fue atendido hasta las 8:20 a.m. por la presidenta del tribunal, Yarisley Pino Morejón. Este retraso, aunque aparentemente menor, refleja el deterioro institucional y la falta de garantías procesales que caracteriza al sistema judicial cubano.

Durante la audiencia, la magistrada le informó que lo citaban por haber dejado su empleo sin autorización y permanecer desempleado, lo cual, según alegó, contraviene las condiciones impuestas tras su excarcelación en enero de este año, luego de negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano.

El tribunal fijó un plazo de diez días para que Navarro se reincorpore a su empleo anterior o gestione una nueva opción laboral a través del Ministerio de Trabajo, bajo la advertencia de que el incumplimiento podría derivar en la revocación de su libertad condicional. Esta imposición no solo ignora el contexto represivo que lo llevó a abandonar su trabajo —las detenciones arbitrarias sufridas cada domingo por intentar ejercer su libertad religiosa—, sino que convierte su situación laboral en una herramienta de presión judicial. 

Adicionalmente, se le impuso la obligación de informar cada vez que se ausente del municipio, una condición que refuerza el carácter de vigilancia y control sobre su vida cotidiana, incompatible con una verdadera reinserción social o con el respeto a sus derechos fundamentales.

“Esto es un tribunal sancionador, no defensor de derechos”

Ante estas imposiciones, Félix Navarro denunció la naturaleza punitiva del tribunal y la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos. Señaló que no estaba ante una institución que protegiera los derechos ciudadanos, sino frente a un órgano que actúa como mecanismo de vigilancia y castigo al servicio del poder político:

“Son un tribunal controlador y sancionador; no defensor de los derechos de la ciudadanía. Yo les acusaré en el Tribunal Supremo, en el Consejo de Estado y en otras dependencias, pues ustedes incumplen con su encargo social, identificado en la Constitución de la República”.

Navarro apeló a la propia Constitución cubana como sustento de sus derechos, evidenciando la distancia entre el marco normativo formal y la práctica judicial real. En un gesto simbólicamente poderoso, extrajo la Carta Magna de su bolsillo durante la audiencia. La presidenta del tribunal, lejos de asumir su rol, le respondió: “¿Anjá, qué dice?” A lo que Navarro contestó: “No le daré clases, usted lo conoce mejor que yo”.

Acto seguido, cuestionó de manera directa la legalidad de las restricciones impuestas sobre su libertad de culto, exponiendo una contradicción fundamental entre la supuesta libertad condicional y las prácticas represivas a las que está siendo sometido de forma sistemática: “En la Instrucción 282, por la que se dice que estoy ‘disfrutando’ de libertad condicional, ¿en qué punto me prohíbe asistir a la Iglesia?”

La presidenta del tribunal admitió entonces: “En ninguno. Usted puede asistir a su iglesia”. Esta afirmación, lejos de proteger a Navarro, deja en evidencia que las detenciones que ha sufrido por ejercer su fe carecen de justificación legal y obedecen, más bien, a una lógica de intimidación y represión extralegal por parte de otros actores del Estado.

Criminalización de la libertad religiosa 

Navarro denunció que desde el 2 de marzo de 2025 ha sido víctima de detenciones arbitrarias cada domingo, simplemente por intentar ejercer su derecho a asistir a misa. Estos actos de represión sistemática derivaron en múltiples actas de advertencia y generaron un clima de hostigamiento que lo obligó a renunciar a su empleo, como una forma de autoprotección frente a la persecución constante.

Durante la audiencia, mientras leía su declaración escrita, la magistrada lo interrumpió con una pregunta reveladora: “¿Dejar de trabajar es una protesta que usted hace?” Navarro respondió: “No lo había pensado así, pero estoy de acuerdo: es una protesta”.

Este intercambio, recogido en el acta oficial del encuentro, no solo expone la violencia estructural ejercida contra Navarro, sino que también revela cómo sus acciones —aparentemente individuales— adquieren un carácter político frente a un Estado que sanciona incluso el acto de practicar una religión.

En su declaración escrita, Navarro reafirmó su posición con firmeza:

“No trabajaré allí, ni en otro lugar. Si ustedes establecen una resolución donde me aseguren que, a pesar de los arrestos por asistir a la Iglesia, no seré revocado a prisión, yo me reincorporo al trabajo. En Servicios Comunales tengo las puertas abiertas para regresar. Además: si ustedes, como representantes del Tribunal Popular Municipal de Perico, no están facultados para defender mi derecho a asistir a la Iglesia, yo no acataré las nuevas limitantes que me imponen”.

Desde Cubalex denunciamos las condiciones coercitivas impuestas a Félix Navarro, cuyo ejercicio de derechos fundamentales —particularmente la libertad religiosa— está siendo criminalizado por las autoridades cubanas. La imposición de restricciones laborales como mecanismo de presión no solo viola las garantías del debido proceso, sino que evidencia el carácter punitivo y represivo del sistema judicial, utilizado para silenciar a quienes disienten pacíficamente.

Instamos a la comunidad internacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad civil global a visibilizar esta situación y a exigir al Estado cubano el respeto pleno a los derechos y libertades fundamentales.

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