El periodista independiente José Luis Tan Estrada ha sido obligado a abandonar Cuba tras enfrentar una constante campaña de hostigamiento, amenazas y represión por parte de la Seguridad del Estado, en un intento de silenciar su labor informativa y humanitaria.

El pasado 25 de diciembre, intentó viajar a Nicaragua desde el aeropuerto internacional de La Habana, pero las autoridades migratorias nicaragüenses le negaron la entrada. Esta negativa le hizo perder los 5 mil dólares invertidos en el pasaje, sin posibilidad de reembolso, según declaró a Martí Noticias.

Posteriormente, Tan Estrada logró salir de Cuba y llegar a Guyana en condiciones extremas, agravadas por la persecución hacia él y su familia. Durante su partida, fue sometido a intimidaciones y registros humillantes. Un oficial de Inmigración lo obligó a colocarse frente a la cámara repetidas veces, realizó llamadas, y luego apareció un mayor del MININT que lo amenazó con graves consecuencias si regresaba al país. Además, fue llevado a un cuarto donde lo obligaron a desnudarse mientras revisaban minuciosamente sus pertenencias.

Días antes, el 23 de diciembre, recibió una citación para presentarse en enero en una unidad policial de Camagüey ante el agente “Cristian”, relacionada con presuntas violaciones a la Ley de Comunicación Social. Este procedimiento podría derivar en un proceso penal basado en sus publicaciones en redes sociales.

Desde 2022, cuando fue expulsado de la Universidad de Camagüey por oponerse al régimen cubano, Tan Estrada ha sido víctima de una represión sistemática que incluye campañas de descrédito, multas, cortes de internet, vigilancia y arrestos arbitrarios. En abril pasado, fue detenido en Villa Marista, sede central de la Seguridad del Estado, donde enfrentó interrogatorios intensos, tortura psicológica y amenazas de prisión.

Este caso como una muestra clara de la estrategia del régimen cubano para silenciar a quienes exponen la realidad del país. La represión obligó a José Luis Tan Estrada a dejar atrás su familia, su trabajo periodístico y su labor humanitaria. Informar no es un delito, y el derecho a la libertad de expresión debe ser protegido.