En las prisiones cubanas, las personas privadas de libertad enfrentan numerosas barreras que les impiden acceder a la justicia y defender sus derechos humanos. A continuación,  el equipo legal de Cubalex resume algunos aspectos claves de esta problemática en las cárceles de la Isla. 

 Denuncias y Represalias

1. Represalias por Denuncias:

Las personas privadas de libertad que presentan denuncias ante fiscales militares a menudo sufren represalias violentas instigadas por las autoridades penitenciarias. Estos reclusos pueden ser golpeados o trasladados a celdas de aislamiento si no retiran sus denuncias.

2. Amenazas y Coerción:

Los guardias penitenciarios amenazan a las personas privadas de libertad políticos con trasladarlos a destacamentos con reclusos peligrosos para intimidarlos. Esta práctica busca desmotivar a las personas privadas de libertad de involucrarse en actividades de derechos humanos dentro de la prisión.

3. Manipulación de Reclusos Comunes:

Las autoridades penitenciarias utilizan a reclusos comunes para hostigar y controlar a los presos políticos. Estos reclusos reciben beneficios a cambio de acosar a los presos políticos, creando un ambiente de constante intimidación y violencia.

 Obstáculos en el Proceso de Justicia

1. Falta de Atención Médica:

La atención médica en las prisiones es insuficiente y a menudo se niega intencionadamente. Las personas privadas de libertad que sufren golpizas graves no reciben atención médica adecuada, y en muchos casos, los médicos justifican la violencia como un castigo por supuestos malos comportamientos.

2. Acceso Restringido a Visitas:

Las visitas familiares y conyugales son suspendidas como método de chantaje y castigo. A las personas privadas de libertad que realizan denuncias se les restringe el acceso a sus familias como represalia, dificultando su capacidad para recibir apoyo externo y hacer valer sus derechos.

3. Condiciones de Aislamiento:

Las personas privadas de libertad son sometidos a largos períodos de aislamiento en celdas de castigo sin justificación adecuada y sin acceso a recursos básicos. Esta práctica no solo viola las Reglas Mandela, que prohíben el aislamiento prolongado, sino que también agrava el sufrimiento físico y mental de las personas privadas de libertad.

A continuación ponemos ejemplos de cómo se evidencia la falta de acceso a la justicia en las cárceles cubanas: 

1. Interferencia en Denuncias:

1.1 Otra de las prácticas que suelen ocurrir en las cárceles cubanas es la interferencia en las denuncias. Desde Cubalex hemos denunciado casos donde los guardias penitenciarios han incitado a otros reclusos a golpear a quienes presentan denuncias. Este tipo de prácticas lo hacen con el objetivo de que la persona se vea forzada a retirar las denuncias. Esta interferencia sistemática desalienta a las personas privadas de libertad a buscar soluciones legales que puedan protegerlos desde las cárceles. Un ejemplo que ilustra esto es el caso de Lewis Calas Herrera, un preso común que trabaja como “Disciplina” en la compañía No. 1 de la Prisión Provincial de Pinar del Río. Según tuvimos conocimiento esta persona, es usada por el Jefe de Orden Interior Lázaro Castillo Placencia y el reeducador Primer Teniente Nivaldo, para golpear a otros reclusos.

2. Negligencia en Atención Médica Crítica:

2.1 Sobre la negligencia y negación en la atención médica existen numerosos casos documentados. Muchas personas reclusas han sufrido consecuencias graves debido a la falta de atención médica oportuna.  La negligencia médica en las cárceles cubanas quedó evidenciada en el caso del periodista Lázaro Yuri Valle Roca. A pesar de sus múltiples padecimientos de salud, las autoridades del Combinado del Este negaron a Yuri en varias ocasiones el acceso a los medicamentos que su esposa llevaba poniendo en riesgo su vida. 

Acceso a la justicia

La falta de acceso a la justicia en Cuba es un problema arraigado y sistemático que limita severamente los derechos. El sistema judicial cubano, al estar estrechamente vinculado al poder político, ha sido criticado por su falta de independencia, transparencia y garantías procesales.  El caso del periodista José Luis Tan Estrada demuestra la falta de acceso a la justicia en Cuba de varias maneras. 

El 14 de mayo de 2024, el Tribunal Provincial de La Habana desestimó la solicitud de habeas corpus presentada a favor de José Luis Tan Estrada. José Luis Tan Estrada, como muchos otros activistas y disidentes en la isla, ha sido víctima de un sistema judicial que parece estar más enfocado en reprimir la disidencia que en impartir justicia. 

La solicitud de habeas corpus, un recurso legal diseñado para proteger a las personas de detenciones arbitrarias, fue rechazada sin una justificación adecuada. 

El caso de Tan Estrada no es aislado; un ejemplo adicional es el de Daniel Moreno de la Peña. La situación de Daniel Moreno de la Peña, un preso político cubano que pesa apenas 40 kilos y se encuentra al borde de la muerte en prisión, ejemplifica de manera escalofriante la falta de acceso a la justicia en Cuba. Moreno ha estado detenido por más de 18 meses sin juicio, sin siquiera poder ver su expediente, lo cual constituye una flagrante violación de sus derechos fundamentales. 

El caso de los manifestantes de Caimanera es otro ejemplo alarmante de la falta de acceso a la justicia en Cuba. A estas personas se les ha negado el acceso a la documentación relacionada con sus casos, impidiendo que puedan preparar una defensa adecuada y vulnerando gravemente sus derechos procesales. Según denuncias de sus familiares, el juicio contra estos manifestantes es inminente, y la ausencia de transparencia y acceso a la información legal exacerba la situación de indefensión en la que se encuentran. Este tipo de prácticas, comunes en el sistema judicial cubano, demuestran una vez más la necesidad urgente de reformas profundas para garantizar un proceso judicial justo y equitativo.

Estos ejemplos demuestran cómo las condiciones y prácticas dentro de las prisiones cubanas no solo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que también impiden a las personas privadas de libertad acceder a la justicia y recibir un trato humano y digno. Es fundamental denunciar estas prácticas y abogar por el respeto a los derechos humanos en todas las prisiones.