El preso político Eider Frómeta Allen fue brutalmente golpeado en la cárcel de Boniato, ubicada en Santiago de Cuba, tras declararse en huelga de hambre en protesta por la negativa de las autoridades a permitirle su derecho a la visita.
Frómeta Allen inició la huelga el 14 de junio, después de que los guardias del penal se negaran a autorizar la entrada a su esposa, Marineisy Martínez Villalón. A pesar de haber esperado desde la mañana hasta casi las 5 de la tarde, le informaron que este mes no le correspondía la visita.
Martínez Villalón no pudo asistir a la visita correspondiente al 21 de mayo pasado, debido a problemas económicos para costear el viaje hasta el penal. A pesar de explicar a los guardias las circunstancias que le impidieron asistir ese día, no permitieron que viera a su esposo.
Además de negarle el acceso al penal, un guardia le dijo que el destacamento donde se encuentra recluido Frómeta Allen estaba demasiado lejos para avisarle. Solo le permitieron entregar los alimentos después de que ella insistiera en que al menos le dejaran pasar la comida que llevaba.
Mientras la esposa esperaba afuera del penal, uno de los guardias le preguntó qué traía de comida y le pidió “un bocadito” antes de que se echaran a perder los alimentos, pues no autorizarían la entrada. Ella respondió que prefería botar la comida antes que dársela a los guardias.
Los responsables de la agresión a Frómeta Allen son Isael Ambruster Carrion y otro guardia identificado como “Dagoberto”. A pesar de la golpiza que recibió al exigir su derecho a la visita, el preso político continúa plantado en huelga de hambre.
No es la primera vez que a Frómeta Allen le niegan este derecho. El 22 de enero pasado, a su esposa no le autorizaban el acceso a una visita programada, argumentando la falta de resultados de sus exámenes médicos, a pesar de haber sido admitida en una visita anterior.
Estos hechos evidencian un patrón de acoso sistemático hacia Frómeta Allen y su familia. La persistencia de estas prácticas demuestra una intención deliberada de restringir las visitas como método de represión contra las personas privadas de libertad por motivos políticos.
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