El activista Oscar Pupo Cruz informó a Cubalex que el 28 de mayo, el mayor de la Seguridad del Estado, Juan Alfonso Abreu Reyes, irrumpió en su vivienda portando un arma y lo acusó de manifestarse en contra de Díaz-Canel.

El oficial, vestido de civil y en estado de embriaguez, ingresó a la casa del activista, manipuló el arma y lo atacó violentamente para quitarle el teléfono, todo esto frente a su hija de 13 años. Además, lo acusó de participar en una protesta por los cortes de electricidad de más de 20 horas en la localidad de Velazco, en Gibara, provincia de Holguín.

El oficial cometió varios delitos tipificados en el Código Penal vigente: abuso de autoridad, según estipula el artículo 174, al ejercer sus funciones de manera contraria a las leyes y exceder arbitrariamente los límites de su competencia; y violación de domicilio, de acuerdo con el artículo 380.1.2, al entrar sin autorización legal en la vivienda, en contra de la voluntad de los moradores y utilizando violencia con un arma de fuego.

Su actuación contraviene el ejercicio efectivo del derecho del activista a manifestarse y expresar su desacuerdo con la situación del país. Esto constituye una violación de los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición, reconocidos en la Constitución.

Además, el oficial actuó bajo los efectos del alcohol, lo que agrava su responsabilidad penal. Su conducta constituye un acto ilícito según el derecho internacional, atribuible al Estado y que genera responsabilidad internacional.

También se viola el derecho a no ser discriminado por opinión política y el interés superior del niño, derechos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos firmados por Cuba.

Esta responsabilidad internacional obliga al Estado cubano a realizar una investigación exhaustiva e imparcial, determinar el grado de afectación, reparar integralmente a las víctimas y garantizar la protección especial y el interés superior de los niños y adolescentes.

En reiteradas ocasiones, Cubalex ha denunciado que el Estado incumple sus obligaciones internacionales, evidenciando un patrón que refleja su voluntad política de irrespetar los derechos humanos y garantizar impunidad a los perpetradores de tales violaciones. 

Durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, celebrado el 15 de noviembre de 2023, el Estado cubano recibió numerosas recomendaciones debido al incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.