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/ mayo-agosto 2012
Noticias del Sector
Cimbra
E
l Consejo de Ministros, del
pasado 13 de julio, ha recibi-
do un informe del ministro de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente sobre el Ante-
proyecto de Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral, y de modifica-
ción de la Ley de Costas de 28 de julio
de 1988, con el objetivo de lograr una
protección medioambiental efectiva y
otorgar seguridad jurídica plena a los
ciudadanos y a las empresas.
Para ello, el Gobierno introduce
en la futura normativa un mecanismo
novedoso que permite al Estado tutelar
a las Administraciones locales para que
se puedan suspender de forma automá-
tica las licencias concedidas que vulne-
ren la Ley de Costas.
En este sentido, introduce la sus-
pensión automática en vía administra-
tiva, a instancia de la Administración
del Estado, de los acuerdos adoptados
por las entidades locales que afecten
a la integridad del dominio público
marítimo-terrestre o servidumbre de
protección.
Se trata de favorecer una actuación
cautelar rápida y eficaz que evite la eje-
cución de actos ilegales y que debe ir
seguida de su impugnación ante los
tribunales de lo Contencioso-Adminis-
trativo en el plazo de diez días.
Junto a esta medida defensiva, el
nuevo marco regulatorio de la costa
apuesta por la prevención como un ele-
mento fundamental para su conserva-
ción. Para ello, entre otras actuaciones,
introduce una importante reforma en
relación con el uso de las playas.
En este caso se establece un régi-
men diferenciado para las playas urba-
nas (las contiguas a suelos urbaniza-
dos) y para las playas naturales (junto a
espacios protegidos o suelo rural). Para
estas últimas se impondrá un nivel de
protección mayor aún al ya vigente y se
restringirán las ocupaciones.
Seguridad jurídica en el
litoral
Según este informe, el futuro marco
regulatorio dotará de mayor seguridad
a las relaciones jurídicas en el litoral y
terminará con la situación de incerti-
dumbre existente en la actualidad.
La especial situación de los propie-
tarios de viviendas en la costa que, con
motivo de la aplicación de la Ley de
1988, quedaron convertidos en conce-
sionarios ha generado problemas que
van más allá de lo estrictamente jurí-
dico.
Todo ello, además, ha provocado
desconfianza y desconcierto no solo en
España, sino también en otros países.
De hecho, el Parlamento Europeo ela-
boró un informe sobre la preocupante
situación de las costas españolas en 2009
(Informe Auken). El Anteproyecto que
está siendo examinado por el Gobierno
permitirá atajar esta situación.
Importantes cambios en
las concesiones
En materia de concesiones la Ley
introduce importantes cambios, ya que
en el régimen general se modifica el
plazo máximo de duración de éstas, que
pasa a ser de 75 años, y, además, se per-
mite la transmisión "mortis causa" e
"intervivos".
Asimismo, se establece una prórro-
ga extraordinaria para las concesiones
existentes y se da respuesta a la extin-
ción de las previstas en la anterior Ley
de Costas de 1988, que fijaba con carác-
ter general un plazo máximo de treinta
años de duración, establecido para el
año 2018.
Con esta reforma el Gobierno atien-
de a criterios medioambientales, ase-
gura la continuidad ordenada y selec-
tiva de las ocupaciones en el dominio
público marítimo-terrestre y concilia
la conservación del litoral con su uso
sostenible.
Demanda social para
regularizar barriadas
históricas
Además, con el objetivo de dar res-
puesta a la demanda social de muchos
municipios, el Gobierno regulariza-
rá distintas barriadas históricas para
excluirlas del dominio público maríti-
mo-terrestre y ofrecer un marco jurídico
claro y estable.
Es el caso de Pedregalejo y de El Palo
(Málaga), donde sus ciudadanos sufren
una situación de indefensión jurídica
desde hace décadas en su residencia
habitual ubicada en alguna de estas
zonas.
Una vez examinado por el Consejo
de Ministros, el Anteproyecto se remiti-
rá al Consejo Asesor de Medio Ambien-
te, un órgano asesor del Gobierno
que preside el Ministro de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente y,
posteriormente, volverá al Consejo de
Ministros para su envío al Congreso de
los Diputados e iniciar su tramitación
parlamentaria como Proyecto de Ley.
n
Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible
del Litoral y de modificación de la Ley de Costas