En el ámbito de los derechos humanos, cada vida perdida en circunstancias sospechosas demanda una respuesta contundente y una investigación exhaustiva por parte del Estado. La reciente muerte de Ernesto Figueredo Alarcón, un joven de 23 años, a manos de un agente policial, plantea serias preocupaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones estatales en Cuba y subraya la urgente necesidad de una investigación rigurosa y transparente.

Ernesto Figueredo Alarcón falleció el pasado viernes tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un policía conocido como “Chucho, El tirado”. Según informó CubaNet, el incidente ocurrió en la casa de Ernesto, ubicada en el reparto Rosa La Bayamesa, en Bayamo, Granma, mientras el policía y la víctima conversaban a solas en una habitación. 

Tras el disparo, el joven fue ingresado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, donde se le diagnosticó muerte encefálica y fue mantenido con vida únicamente mediante aparatos de soporte vital. Aunque el policía responsable del disparo fue detenido, las autoridades no han proporcionado información detallada sobre el caso, dejando a la familia sin respuestas claras. Personas cercanas a la víctima afirman que el disparo fue un accidente y señalan que el policía tenía problemas mentales, sugiriendo que no estaba en condiciones de portar un arma ni de prestar servicio. A pesar de estas alegaciones, no se ha recibido información oficial que confirme o refute estos puntos. 

La falta de transparencia y la opacidad en el manejo del caso generan serias preocupaciones sobre la gestión de las autoridades. Esto es especialmente crítico cuando existen obligaciones internacionales y protocolos para casos que pudieran representar muertes potencialmente ilícitas y, en particular, ejecuciones extrajudiciales, que deben ser observadas por los Estados.

El derecho internacional de los derechos humanos, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), establece en su Artículo 6 que el derecho a la vida debe ser protegido por la ley y que nadie será privado arbitrariamente de la vida. Además, el Protocolo de Minnesota demanda una investigación rigurosa de todas las muertes sospechosas para determinar si hubo una ejecución extrajudicial. En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad de investigar exhaustivamente estas muertes, sancionar adecuadamente a los responsables y proveer transparencia e información a las familias de las víctimas.

Las ejecuciones extrajudiciales se definen como la privación arbitraria de la vida cometida, alentada o tolerada por el Estado, fuera del marco de un juicio justo y debido proceso. Se caracterizan por el uso intencional de la fuerza letal sin justificación legal, la ausencia de un juicio o proceso legal adecuado y el involucramiento de agentes del Estado.

En el caso de Ernesto Figueredo Alarcón, existen varios elementos que sugieren la posibilidad de una ejecución extrajudicial. Primero, está el involucramiento de un agente del Estado, ya que le disparó un policía, lo cual es un criterio fundamental para considerar este tipo de ejecución. Además, se debe evaluar si el uso de la fuerza letal fue intencional y careció de justificación legal, considerando que no se reportó ninguna amenaza o situación de peligro que lo justificara. También se ha señalado que el policía podría haber tenido problemas mentales, lo que indicaría negligencia estatal en la supervisión y asignación de armas. Finalmente, el disparo ocurrió fuera de un proceso legal o juicio, sin indicios de que el joven estuviera involucrado en actividades delictivas que justificaran una intervención armada, ni hubo intento de arresto o procedimiento legal adecuado. 

Es fundamental realizar una investigación exhaustiva para esclarecer todos los detalles del incidente, incluida la condición mental del policía y las circunstancias precisas del disparo, con el fin de llegar a una conclusión definitiva sobre la intencionalidad y la posible responsabilidad estatal. 

La falta de transparencia y de información por parte de las autoridades sugiere una grave deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones de investigar y sancionar adecuadamente los casos de muertes potencialmente ilícitas. Es esencial que el Estado cubano realice una investigación conforme a los estándares internacionales, pues de lo contrario demostraría complicidad, negligencia y falta de reparación hacia las víctimas.

Referencias

• Naciones Unidas. (1989). Protocolo de Minnesota para la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
• Naciones Unidas. (1979). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Naciones Unidas. (1990). Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.