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Abogado Julio Ferrer presenta reclamación ante el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular

07/05/2024 / Alertas, Cubalex

 La Instrucción N.° 212 del 9 de noviembre de 2011, emitida por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, estipula que se debe asegurar el derecho a recibir copias de resoluciones judiciales firmes. Sin embargo, este derecho fundamental es frecuentemente vulnerado en Cuba. 

El 2 de mayo, Julio Ferrer Tamayo, abogado de Cubalex, presentó una reclamación ante el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, específicamente dirigida a Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala de lo Penal del tribunal. 

La reclamación surge como consecuencia de la continua negativa del tribunal a emitir una copia certificada de una sentencia de casación, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por el abogado, todas debidamente fundamentadas en la legislación vigente. La petición fundamental de esta reclamación es el reconocimiento del daño moral infligido por la falta de acceso a dicha documentación y la solicitud expresa para que se ordene la expedición de la copia literal de la sentencia.

Acuse de recibo de la entrega de la reclamación en el Tribunal/ Foto: Cortesía de Julio Ferrer.

Conforme a la Instrucción No. 212 de 2011 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, se debería garantizar el derecho a obtener copias de resoluciones judiciales firmes. No obstante, según Ferrer Tamayo, este derecho se ha visto sistemáticamente vulnerado sin justificaciones legales válidas.

La denegación reiterada y las justificaciones arbitrarias del presidente del tribunal, no solo han bloqueado el acceso a documentos legales, sino que también han causado un daño moral considerable. Esta situación, revela un “doble rasero en la actuación de las autoridades judiciales cubanas, que compromete la ética profesional y contradice el propio discurso oficial sobre el Estado de Derecho en Cuba”, señaló el abogado.

Ferrer Tamayo ha pedido al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular que declare la responsabilidad administrativa de Otto Molina Rodríguez y ordene la reparación del daño moral, incluida la entrega de la copia solicitada de la sentencia, como medida reparativa.

Este incidente subraya la urgente necesidad de implementar mecanismos efectivos de rendición de cuentas dentro del sistema judicial cubano para prevenir abusos de poder. Además, resalta cuestiones críticas relacionadas con la integridad y la transparencia de dicho sistema, reafirmando la importancia de garantizar que estas estructuras operen de manera justa y abierta. 

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