La prisionera política Sulmira Martínez Pérez, conocida como “Salem Cuba”, lleva más de un año detenida sin una acusación formal ni fecha de juicio. Fue arrestada luego de compartir unas publicaciones en Facebook que expresaban su interés en protestar en espacios públicos contra el régimen.
En marzo de 2023, fue trasladada a la prisión de mujeres El Guatao, en La Habana, donde permanece recluida, después de estar dos meses en Villa Marista, sede de operaciones de la Seguridad del Estado, donde fue sometida a extenuantes interrogatorios.
La joven de 22 años fue expuesta en Televisión Nacional, a partir de una confesión forzada por la Seguridad del Estado que fue transmitida en el programa oficialista “Razones de Cuba”, en el que la acusaron de generar “contenidos nocivos y engañosos en los espacios digitales”.
Su madre, Norma Pérez, ha denunciado que en la cárcel la joven enfrenta acoso por parte de otras reclusas y en represalia ha sido sometida a aislamiento, un método de castigo usado sistemáticamente contra las personas detenidas por motivos políticos.
Este caso pone en evidencia violaciones al debido proceso establecido en la Ley del Proceso Penal de Cuba, así como en los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen el derecho de toda persona a ser juzgada sin demoras injustificadas. De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda persona acusada de un delito tiene derecho a garantías mínimas. Ser juzgada sin dilaciones indebidas, es una de ellas.
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