La capitana Yaima Cano Castillo, jefa de la prisión de mujeres Granja 5, ubicada en Camagüey, amenazó a la prisionera política Yanet Pérez Quevedo, con retirarle el beneficio de la mínima por denunciar deficiencias en la gestión de la abogada a cargo de su caso, informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
En abril de 2023, Pérez Quevedo, opositora del Partido Pro Derechos Humanos, contrató a la abogada Yanisdey Cruz Martín con el fin de gestionar una licencia extrapenal debido a un diagnóstico de trastorno de la personalidad y las enfermedades crónicas que padece. No obstante, la abogada no proporcionó ninguna respuesta a su caso, según explica en la denuncia.
Yanisdey Cruz Martín también es la responsable de representar a la prisionera política Aniette González. Según información proporcionada a Cubalex, la abogada no atiende las llamadas telefónicas que realiza González desde la prisión, ni tampoco responde a la comunicación de la hija de esta.
Cubalex ha constatado que algunos abogados y abogadas se niegan a proporcionar información a sus clientes, lo cual va en contra de los derechos establecidos en la Constitución y sus obligaciones legales.
Esta conducta se vuelve cada vez más frecuente en Cuba, sobre todo en situaciones que involucran a personas sancionadas por motivos políticos. Varios familiares han comunicado a Cubalex que han perdido completamente la comunicación con los abogados, lo cual podría ser resultado de presiones ejercidas por la Seguridad del Estado.
Además de generar un estado de indefensión debido a una comunicación deficiente con el abogado o la abogada a cargo del caso, las personas privadas de libertad también se enfrentan a represalias por señalar las deficiencias en la gestión de su representación legal. Esta situación es preocupante, ya que impacta directamente en el ejercicio del derecho a la defensa y afecta la transparencia en los procesos legales.
Tanto los órganos estatales como los abogados y abogadas subordinados al Ministerio de Justicia deben actuar con transparencia, según lo establecido en el Decreto Ley 81. Este decreto los obliga a asesorar, responder consultas legales y representar diligentemente a quienes lo necesiten.
Es deber del Estado asegurar que los abogados y abogadas cumplan con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios internacionales para el ejercicio de la abogacía, que incluyen la comunicación efectiva con los clientes.
La negación de comunicación constituye una violación flagrante al derecho de acceso a la justicia, un derecho consagrado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Cuba. En este contexto, instamos al Estado a llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre las denuncias de falta de comunicación por parte de los profesionales legales y a implementar medidas correctivas de manera efectiva y oportuna.
Es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para abordar estas violaciones éticas y legales, asegurando que se respeten los derechos de los clientes y se garantice un proceso legal justo. Exhortamos a los profesionales en el ejercicio del Derecho en Cuba a asumir con responsabilidad sus obligaciones, priorizando la protección de los derechos fundamentales. La confianza en el sistema legal depende de la conducta ética y profesional de quienes lo integran.
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